Paro nacional de las comunidades Campesinas, Indígenas, Afrodescendientes y Sectores Populares por la Implementación de los Acuerdos de La Habana

Nota de A quimba: Las organizaciones cercanas a la propuesta política de la extinta organización subversiva Farc-ep, como modo de presión y de impulso a los acuerdos de la Habana entre el gobierno nacional y las FARC-EP han lanzado una movilización nacional este mes de octubre de 2017 respondiendo a los incumplimientos a los acuerdos con organizaciones sociales y con las Farc.

A quimba publica este documento como aporte para el análisis sobre la real intensión de las élites en buscar una salida negociada al conflicto social, político económico y armado o si por el contrario simplemente quieren la entrega de las organizaciones rebeldes en armas.

 

PLIEGO DE EXIGENCIAS
Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y
Acuerdo – MIA
Octubre 2017

 

El Acuerdo de Paz suscrito por las FARC-EP y el gobierno nacional le puso fin a más de seis décadas de confrontación armada, lo que significa “en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto armado, son millones de colombianas y colombianos víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio”.

Por otro lado, “el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional”

Para las comunidades campesinas, afrodescendientes, los pueblos indígenas, poblaciones urbanas, sectores y organizaciones sociales y populares, la Paz de nuestro país no se reduce al hecho de acallar los fusiles y silenciar el ruido de la guerra.

La Paz está en construcción, y para que sea estable y duradera, sus pilares deben estar soportados en la justicia social, la ampliación de la democracia, la reconciliación y en transformaciones económicas, políticas y sociales que se requieren para la vida digna y un buen vivir del conjunto de la sociedad colombiana.

El incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, pone en riesgo el cierre definitivo del conflicto armado, obstaculiza la democratización económica y política del país y la inclusión de los sectores sociales históricamente marginados. En consecuencia, está en peligro la esperanza y el anhelo de los/as colombianos/as y sus futuras generaciones de vivir en un país en paz con democracia y justicia social.

Existen incumplimientos por parte del Gobierno nacional en la implementación normativa y territorial, que junto a algunos sectores políticos opuestos a la paz, pretenden crear un escenario de renegociación de lo acordado.

El Congreso al día de hoy no ha expedido ninguna norma para la Reforma Rural Integral – RRI, solo se han emitido algunos decretos Ley que crea el fondo de tierras y medidas para promover el acceso a ella. Las comunidades y organizaciones no cuentan con garantías reales para la participación en la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.

Se han introducido modificaciones a las leyes y actos legislativos que se tramitan en el Congreso respecto a la implementación normativa del punto 2 del Acuerdo, y las Circunscripciones territoriales especiales de paz – CTEP han sido objeto de cambios. El gobierno nacional aún no presenta la Ley de garantías para la participación y la protesta social.

No existen avances significativos para garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición a las víctimas, ni avances en la lucha contra el paramilitarismo. Al día de hoy van 127 líderes sociales asesinados este año y es constante la violación de los derechos humanos a lo largo y ancho de la geografía nacional.

El gobierno nacional continúa ejecutando las nefastas políticas impuestas por Estados Unidos consistentes en la erradicación violenta, quebrantando los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito suscritos con las comunidades de varios departamentos.

Estos incumplimientos también son reflejados en la no incorporación de los enfoques transversales étnico y de género en la implementación.

En razón a lo anterior, la Mesa Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo – MIA conformada por: la Coordinación nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, la Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas – CONPI, la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes – CONAFRO, la Federación nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -FENSUAGRO, y organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, locales, territoriales y regionales de 29 departamentos, presentamos al gobierno nacional, el siguiente Pliego de Exigencias de Derechos:

1. IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA RURAL INTEGRAL – RRI

“La Reforma Rural Integral – RRI sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural, hombres y mujeres, y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera”.

1.1 Avanzar en la implementación normativa de la Reforma Rural Integral – RRI respetando el espíritu del Acuerdo de Paz de La Habana y concertando las correspondientes leyes con las comunidades rurales, por lo tanto, le Exigimos al Gobierno nacional: Retirar el proyecto de ley “Por medio de la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”.

 Retirar el proyecto de ley de “Por medio del cual se crea el sistema nacional de innovación agropecuaria y se dictan otras disposiciones”, mediante el cual se abre la posibilidad de cobrar el servicio de asistencia técnica y desconoce las semillas nativas y criollas privilegiando la protección intelectual en la materia, al igual que concertar un nuevo contenido del proyecto en sesiones ampliadas de la CSIVI.

 La aprobación de la Ley para la democratización de acceso y uso adecuado de la tierra construida conjuntamente entre el componente CSIVI-FARC y distintas organizaciones rurales, incluyendo el enfoque étnico y de género.

 Reglamentar inmediatamente los planes nacionales para la Reforma Rural Integral – RRI en: vías terciarias, riego, electrificación rural, conectividad rural, salud rural, educación rural, vivienda rural, fomento a la economía campesina, asistencia técnica, subsidios y créditos, comercialización, protección social y garantía progresiva del derecho a la alimentación; y generar los mecanismos institucionales necesarios para su pronta ejecución. Teniendo en cuenta los pliegos de peticiones y propuestas de las distintas organizaciones sociales, como lo son los puntos 1 y 6 del pliego de peticiones del 2013 de la MIA.

 Estricto cumplimiento de la ley 160 en relación con Zonas de Reserva Campesina

 Cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno nacional en paro agrario del 2016 contenidos en acuerdos de Santander de Quilichao en materia de ZRC

 Estricto cumplimiento de los acuerdos de paz en punto 1 sobre Zonas de reserva Campesina

1.2 El Gobierno nacional aprobará y garantizará la participación propositiva y decisoria de nuestras comunidades campesinas, organizadas en la construcción y puesta en marcha de la nueva jurisdicción agraria, tal como lo ordena los principios generales para la implementación de los acuerdos. El Ministerio de justicia e interior garantizará la financiación en el año 2018, de una propuesta participativa con las comunidades campesinas que concluya con la propuesta de la nueva jurisdicción agraria, incluyendo una propuesta normativa, así como su puesta en marcha. Esta nueva jurisdicción agraria debe incluir las prácticas de resolución de conflictos de las comunidades rurales.

1.3 Garantizar la participación efectiva y decisoria de las organizaciones de la
MIA en:

 La formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, por medio de la reglamentación de la metodología, cronograma, ruta y consejo de dirección3, lo cual debe respetar el espíritu del acuerdo de paz de La Habana, ser concertada con la MIA y tener en cuenta los enfoques transversales étnico, de género, mujer, familia y generación.

 Los mecanismos para ser beneficiarios: del fondo de tierras para la RRI, otros programas de acceso a tierra de las/os campesinas/os sin tierra o con tierra insuficiente (subsidios y créditos) y formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural.

 La construcción de otros Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, a partir del segundo semestre de 2018. Esta priorización se concertará con las organizaciones campesinas de la MIA y la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación del Acuerdo Final – CSIVI.

1.4 Avanzar en el trámite de constitución de Zonas de Reserva Campesina y generar un plan de financiamiento de formulación de planes de desarrollo sostenible de las organizaciones impulsoras de la constitución.

2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

“Es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias del fenómeno de las drogas ilícitas, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades, hombres y mujeres, en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, que aborde el consumo con un enfoque de salud pública”.

2.1 Implementación inmediata por parte del Gobierno nacional del punto 4.1.3.1 “Condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito” en todo el territorio nacional.

2.2 Cumplimiento de la ruta de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS acordada en el Consejo permanente de dirección y en el decreto Ley N. º 896 de 2017.

2.3 Exigimos priorización de la política de sustitución por encima de la política de erradicación para los pequeños cultivadores de coca, amapola y marihuana como lo establece el acuerdo final de paz de La Habana en el punto 4.1.3.2. Por lo tanto, el gobierno nacional debe suspender las erradicaciones violentas en todos los territorios donde exista esta problemática.

2.4 Articulación efectiva de todas las instituciones del Estado que tienen competencia en la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo – PISDA según el punto 4.1.3.5 del Acuerdo Final de La Habana.

2.5 Cumplimiento del punto 4.1.4 “Implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Parques Nacionales Naturales

– PNN”, incorporando el proyecto de ley presentado por la delegación campesina en la mesa de concertación con parques nacionales naturales frente a la tenencia  y uso de la tierra en PNN y las propuestas de usos sostenibles que armonizan la economía campesina con la conservación.

2.6 Formular de manera concertada e implementar el PNIS en PNN conforme a la sustitución y no erradicación, diseñando un proyecto de sustitución basado en los usos sostenibles.

2.7 Formular de manera concertada e implementación de un modelo de reconversión ganadera y restauración.

2.8 Garantizar la financiación por parte del Gobierno nacional del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS. Para esto, se debe estimar el costo de la implementación de los acuerdos firmados y de los posibles acuerdos que se firmen y asegurar los recursos por medio de una fiducia.

2.9. Concertar con las organizaciones agrarias y populares la ley de tratamiento penal diferencial para delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, conservando lo establecido en el Acuerdo final de Paz.

2.10 Promover espacios de diálogo a nivel internacional, regional, nacional y local para evaluar de manera objetiva la política de lucha contra las drogas, y avanzar en la construcción de una política integral para resolver dicha problemática.

2.11 Construcción e implementación concertada del programa nacional de intervención integral frente al consumo de sustancias ilícitas.

3. DERECHOS HUMANOS: GARANTÍAS Y PROTECCIÓN.

Garantías:

3.1. Adoptar las medidas y ajustes normativos necesarios para dar garantías plenas para la movilización y la protesta social e impulsar decididamente la elaboración del Protocolo Nacional sobre la Protesta Social, garantizando espacios y condiciones para la participación.

3.2. Promoción del Pacto Político Nacional previsto en el Acuerdo Final de Paz con el más amplio consenso social, político e institucional que ponga en marcha medidas efectivas para separar las armas de la política y de los negocios.

3.3. Fortalecimiento del sistema de información de la situación de Derechos Humanos.

3.4. Fortalecimiento de los mecanismos de protección de la labor que desempeñan los defensores de derechos humanos y sus organizaciones.

3.5. Diseño, elaboración y ejecución de un Plan Nacional en Derechos Humanos con la participación efectiva de las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones y movimientos sociales. Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo

3.6. Creación de una comisión asesora, convocada por la Defensoría del Pueblo para asesorar y realizar recomendaciones al Gobierno Nacional, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de derechos humanos, en materia de derechos humanos y paz.

3.7. Fortalecimiento de los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos. Protección individual y colectiva:

3.8. Creación del Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, que entre otros incluya: implementación de medidas integrales de seguridad y protección. Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia. Protocolo de Protección para Territorios Rurales y el apoyo a la actividad de Denuncia de las organizaciones de Derechos Humanos en los Territorios. El reconocimiento institucional de los procesos de guardia campesina y el fortalecimiento de las guardias indígenas y cimarronas.

3.9. Creación del Programa de Protección Integral para las y los integrantes de la FARC, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARCEP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo

3.10. Expedición de Protocolos para la protección integral de los defensores y las defensoras de derechos humanos, de estudios de nivel de riesgo y de implementación de medidas.

3.11. Derogatoria del decreto 567 de 2016 sobre medidas de protección.

4. PARTICIPACIÓN POLÍTICA

“La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz”.

“La construcción de la paz requiere además de la movilización y participación ciudadana en los asuntos de interés público, y en particular en la implementación del presente Acuerdo. Eso supone, por una parte, el fortalecimiento de las garantías y las capacidades para que los ciudadanos y ciudadanas, asociados en diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos, desarrollen sus actividades y de esa manera contribuyan a la expresión de los intereses de una sociedad pluralista y multicultural por diferentes medios, incluyendo la protesta social”.

4.1 Hacer efectivo el trámite en el Congreso y la aprobación de la reforma sobre las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz -CTEP sin modificar lo establecido en el Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y La Construcción de una Paz Estable y Duradera.

4.2 Anular el requisito de acreditación de la UARIV de la condición de víctima, para la inscripción de candidatos a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz – CTEP.

4.3 Que el Gobierno nacional presente ante el Congreso y tramite su aprobación por el mecanismo Fast Track la Ley Estatutaria de garantías para la participación de organizaciones y movimientos sociales y a la protesta social, que elaboró la Comisión nacional de Diálogo, incluyendo en esta las garantías necesarias para el pleno desarrollo de la protesta social de las que se establecen en el punto 2.2.2 del Acuerdo de Paz.

4.4 Aprobación del Proyecto de Acto Legislativo No. 012 DE 2017 “Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral que permita la apertura democrática para la construcción de una paz, estable y duradera”, tal y como se establece en el Acuerdo Final de Paz. Para dicho propósito es fundamental que la reforma posibilite las coaliciones a las corporaciones públicas de los partidos y movimientos políticos minoritarios, modificación de la autoridad nacional electoral, la financiación preponderantemente estatal de las campañas políticas y la creación de verdaderas condiciones para la participación electoral de las comunidades rurales incluyendo cedulación, creación de nuevos puestos de votación entre otras.

4.5 Legitimación Política de las organizaciones sociales y populares que conforman la MIA por parte del gobierno nacional: El Movimiento Social y Político requiere que el gobierno nacional desde el Ministerio del Interior adelante una efectiva campaña que combata la estigmatización de nuestra organización y que visibilice la importancia de la labor de la oposición política, el papel de la izquierda en el progreso y la democratización del país, así como reivindique nuestra labor en la representación de los intereses de los pueblos olvidados de la patria colombiana. Esto a través de propagandas en señal institucional, cuñas radiales, espacios en medios televisivos y demás necesarios para difundir esta campaña.

4.6 Programa Especial de Protección para el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica: Se requiere el cumplimiento del acuerdo realizado con el gobierno nacional en cabeza del presidente de la república que se había comprometido a la expedición de un decreto que viabilice un Programa Especial de Seguridad para el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica. Este programa es fundamental pues se requiere la creación de nuevos parámetros que permita evaluar las condiciones de seguridad de los líderes de la organización, en su mayoría de carácter campesino.

4.7 Construcción de un sistema de incentivos y sanciones para los comandantes militares y de policía, así como a los responsables de la seguridad y convivencia en las entidades territoriales. Este sistema permitiría evaluar el cumplimiento del objetivo básico de la existencia de unidades militares y policiales que es proteger la vida y los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en un territorio determinado en tiempos de paz. Estos últimos y según el mandato constitucional deben garantizar el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

5. VÍCTIMAS Y JUSTICIA.

“El fin del conflicto debe contribuir a garantizar que cesen las violaciones e infracciones, y es también una oportunidad para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas. La terminación definitiva de las hostilidades brinda condiciones para que las víctimas se expresen sin miedo y reciban el reconocimiento que les corresponde; una oportunidad para que todos a quienes les quepa responsabilidad por violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH hagan el correspondiente reconocimiento; y en consecuencia, una oportunidad para aplicar con mayor efectividad medidas que garanticen la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Víctimas:

5.1. Realización y financiación de actos tempranos de reconocimiento y de contrición en los cuales el Estado haya tenido responsabilidad.

5.2. Fortalecimiento y articulación de los procesos de reparación colectiva con enfoque territorial y diferencial y garantías para que los planes y programas de la Reforma Rural Integral y en las zonas donde se pondrán en marcha los PDET se incluya un enfoque reparador.

5.3. Fortalecer la cobertura pública y despliegue territorial, y mejorar la calidad de la atención psico-social, multiplicando los centros locales de atención a las víctimas e impulsando estrategias móviles para llegar a los lugares más apartados.

5.4. Desarrollar programas y planes colectivos con enfoque territorial, étnico y de género, específicos de retorno y reubicación de personas en situación de desplazamiento.

5.5. Fortalecimiento de la Política de atención y reparación integral a víctimas y del Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia, de acuerdo a las necesidades y oportunidades de este nuevo contexto, y asegurar que contribuya de manera efectiva a la convivencia, la no repetición y la reconciliación.

5.6. Adelantar un proceso de reforma a las Leyes 387 y 418 de 1997 y 1448 de 2011 que genere verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas.

Justicia:

5.7. Exigimos resultados de las investigaciones y hacer seguimiento, caso por caso, de las denuncias e investigaciones por violaciones a los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y emisión de informes públicos trimestrales sobre los avances. Garantizando (según la naturaleza del presunto autor) la concentración de investigaciones en la Unidad Especial de Investigación  y en la Dirección Especial de Investigación en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.

5.8. Emitir las Leyes necesarias para la aprobación de las normas procesales que regirán los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

5.9. Creación del sistema autónomo de asesoría y defensa gratuita prevista en el acuerdo de la JEP y en la Ley de amnistía.

6. PLAN MARCO, CAPÍTULO ÉTNICO Y ENFOQUE DE GÉNERO

6.1 Discusión y concertación de los objetivos, metas, indicadores y presupuesto del Plan Marco para la Implementación en sesiones ampliadas de la CSIVI, como lo establece el punto 6.1.7.1, con la participación de la MIA y de otras organizaciones agrarias sociales y populares.

6.2 Garantizar la participación efectiva y decisoria de las organizaciones agrarias y populares, para concertar las hojas de ruta para la implementación de cada uno de los puntos del Acuerdo de La Habana.

6.3. Asegurar la incorporación del Enfoque Étnico y de género en el Plan Marco de Implementación. siguiendo la ruta acordada el pasado 13 de septiembre y de la propuesta entregada por la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos Ampliada que el Departamento Nacional de Planeación quiere desconocer y limitar solo a una inclusión enunciativa sin metas concretas, indicadores de impacto y presupuesto.

6.4. Garantizar el trabajo y funciones de los escenarios de participación creados para la implementación como la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, así como el ejercicio de las funciones de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas, el Espacio Nacional de Consulta Previa con Comunidades Afrodescendientes Raizales y Palenqueras y la Comisión Nacional de Diálogo con el Pueblo Rrom Gitano como Garantía del derecho a la Consulta Previa de todo el proceso de implementación, y como base de inclusión de las propuestas Étnicas para la implementación del Acuerdo de La Habana.

6.5. Asegurar la implementación de las disposiciones estipuladas en el Capítulo Étnico de los acuerdos y la transversalidad de los enfoques étnicos, de género, mujer, familia y generación de todo el acuerdo, respetando los principios, salvaguardas y garantías de no regresividad de derechos de los Pueblos Étnicos que se ven amenazadas con proyectos como el de modificación de la Ley 160 de 1994.

7. PUNTOS INCUMPLIDOS DEL PLIEGO DE LA MESA NACIONAL DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO DEL 2013

Retomar la discusión del pliego nacional de peticiones agropecuarias y populares del 2013, especialmente, en los siguientes puntos incumplidos por el Gobierno nacional:

7.1 Reducción de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con transportadores y productores agropecuarios.

7.2 Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspender y revisar, en conjunto con las organizaciones de pequeños y medianos productores, los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y demás países

7.3 Detener la política de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido el acaparamiento por capital extranjero; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo de tierras del punto 1 del Acuerdo de Paz de La Habana; derogación de la ley 1776 de 2016 “por la cual se crean y se desarrollan las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social – ZIDRES”.

7.4 Retomar la discusión del punto tres (3) Reconocimiento de la territorialidad, especialmente sobre la constitución de las zonas de reserva campesina, resguardos indígenas y Consejos Comunitarios.

7.5 Retomar la discusión del punto cuatro (4) del Pliego de 2013: Participación efectiva de las comunidades y los mineros tradicionales y pequeños en la formulación de la política de explotación minera y energética especialmente en el respeto irrestricto a las consultas populares sobre explotación minera, acceso libre, gratuito y oportuno a la información del catastro minero Nacional y registro minero nacional, caracterización socioambiental de los municipios de Colombia, crear la comisión de la verdad sobre huella, pasivo y conflictos ambientales, y revisión de la Política de formalización Minera mediante la financiación de un estudio de consultoría independiente y autónoma que será contratada por la MIA mediante recursos que proveerá el gobierno para tal fin.

7.6 Retomar la discusión del punto cinco (5) del pliego de 2013 “reconocimiento a la territorialidad campesina, de afrodescendientes e indígenas” y “medidas y garantías reales de los derechos políticos de la población rural” especialmente respecto al reconocimiento de los derechos campesinos y el consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas.

7.7 Retomar la discusión sobre el reconocimiento político del campesinado, por lo que le exigimos al Gobierno nacional:

 Como parte fundamental de los derechos políticos y de territorialidad, exigimos el reconocimiento institucional de los procesos de guardias campesinas.

 Incluir en el próximo Censo Poblacional y de vivienda de Colombia, todas las siete preguntas construidas por el ICANH en el documento oficial “Elementos para la conceptualización de lo campesino en Colombia; insumo para la inclusión del campesinado en el censo DANE 2017, elaborado en febrero de 2017.

 Presentar e impulsar en el siguiente periodo legislativo, previamente concertado con las organizaciones campesinas de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo – MIA, un proyecto de ley reconociendo la cultura campesina en sus diferentes manifestaciones.

 El Gobierno nacional construirá participativamente y concertadamente con la MIA un CONPES Campesino con su respectivo CONFIS. Para efectos de adelantar la negociación, le exigimos al Gobierno nacional:

 Instalar la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo – MIA y conformar y/o instalar las Mesas de Interlocución y Acuerdo Departamentales, con el propósito de que estos sean los espacios para tramitar el Pliego de exigencias y retomar la discusión del pliego presentado en el 2013.

 Respecto a las Mesas de Interlocución y Acuerdo regionales y/o departamentales, exigimos retomar de manera inmediata y avanzar en acuerdos en las mesas regionales del paro campesino del Catatumbo, el paro del sur de Córdoba y los paros agrarios de 2013, 2014 y 2016.

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