DIMENSIONES POLÍTICAS Y CULTURALES EN EL CONFLICTO COLOMBIANO

Sergio De Zubiría Samper. Profesor Asociado del Departamento de Filosofía. Universidad de los Andes
(Bogotá, Colombia).

Consideraciones iniciales

 La sociedad colombiana, en el inicio del siglo XXI, experimenta un proceso inédito en su historia política contemporánea. Su carácter excepcional se deriva de un conjunto de factores que es conveniente hacer explícitos.

En primer lugar, en medio de la persistencia del conflicto social armado, se realizan ingentes esfuerzos por lograr una solución política reflexiva, permanente y consensuada. En segundo lugar, la Mesa de conversaciones de La Habana ha conformado una Comisión Histórica, que intenta construir una memoria plural y democrática sobre los orígenes, causas e impactos de ese largo conflicto en la población. Un acto que expresa la necesidad de memorias hermenéuticas y laboratorios de paz, en el campo del pensamiento histórico, a la vez que refrenda la aseveración de Marco Palacios acerca de la urgencia de asumir nuestros relatos históricos: “A diferencia de los venezolanos, hemos tenido a nuestra disposición no una sino varias historias patrias monumentales (bolivariana, santanderista, bipartidista…), historias de gobierno e historias de oposición”2. En tercer lugar, las voces de las víctimas han adquirido centralidad y visibilidad, como condición ineludible y previa de su finalización. Los motivos y justificaciones de esa centralidad de las víctimas pueden ser divergentes, pero la conciencia de su urgencia es manifiestamente colectiva.

Esta naturaleza inédita del proceso colombiano conlleva una inmensa responsabilidad ética y reflexiva. La comunicación argumentada, la solidaridad con todos los afectados y el respeto a las diferencias, son condiciones éticas que debemos cuidar con esmero en todo este proceso de finalización del conflicto.

La reflexividad en las decisiones, la lucha contra los dogmatismos, el respeto por la investigación académica y la imaginación creadora, son consejos importantes, al subrayar que no existen modelos para imitar, ni fórmulas preestablecidas para enfrentar tal complejidad y singularidad frente a este desarrollo peculiar de nuestra República.

2 Palacios, Marco. De populistas, mandarines y violencias. Luchas por el poder. Bogotá: Editorial Planeta,p. 166.

El presente Informe es un ensayo de interpretación del conflicto y su historia3. No pretende ser una investigación historiográfica, ni un tratado de Historia comparada. Concebimos el ensayo de interpretación histórica, como la formulación crítica de algunas tesis sobre estudios e interpretaciones ya realizadas sobre el conflicto colombiano, que, desde una concepción de la Historia como el estudio de “los hombres en el tiempo histórico” (M. Bloch, L. Febvre), destaque los tipos de sociabilidad y los efectos del poder, aportando para comprender y discutir las relaciones entre conflicto, violencia e historia en Colombia. Se acerca, más bien, a una relectura crítica de algunos estudios sobre la violencia política en nuestro país.

En su construcción se proponen los siguientes principios y criterios. El primero, reiterar, que el valor de postular tesis es justamente su condición de estar siempre abiertas al debate, profundización y emergencia de matices. El segundo, reconocer en los procesos históricos la presencia de la continuidad y la discontinuidad o ruptura (E. Hobsbawm), pretendiendo destacar el “tiempo histórico de larga duración” (F. Braudel), que corresponde a aquellas estructuras de gran estabilidad que pueden diferenciarse del tiempo de la coyuntura, el acontecimiento o la “Historia historizante” (grandes batallas, biografías ilustres, fechas ineludibles, etc.). La historia política dejó de ser asunto de personajes, biografías ilustres o ideas brillantes, para desplazarse hacia las redes de relaciones sociales entre las distintas clases sociales y los efectos concretos del poder. En términos de Gramsci, “el error en el que se cae frecuentemente en el análisis histórico-político, consiste en no saber encontrar la relación justa entre lo que es orgánico y lo que es ocasional. Se llega así a exponer como inmediatamente activas causas que operan, en cambio, de una manera mediata, o por el contrario, a afirmar, que las causas inmediatas son las únicas eficientes”4.

Tercero, se asume la paradoja de que, a pesar de la gran diversificación de la investigación histórica del conflicto en Colombia, se han generado escasas síntesis interpretativas sobre esa inmensa producción bibliográfica e investigativa. Lo anterior nos puede llevar a la conclusión expresada por Gonzalo Sánchez: “Hay momentos en que una síntesis, aún prematura en apariencia, resulta más útil que muchos trabajos de análisis; son momentos en que, dicho en otros términos, importa sobre todo enunciar bien las cuestiones, problemas, preguntas, más que todavía, tratar de resolverlas”5.

3Agradezco el apoyo investigativo de Luz América Pérez (historiadora), Jefferson Corredor (historiador) y Álvaro Borero (filósofo y corrector de estilo) en la elaboración del presente  Informe.

4 Gramsci, Antonio. Antología. México: Siglo XXI Editores, 1977. p. 411.

Cuarto, arrogarse la decisión de que, en épocas de crisis, es urgente el llamado a la teoría y resaltar que una investigación histórica sin contenido conceptual podría ser cómplice de la perpetuación de la barbarie. Ningún trabajo histórico puede estar al margen de los desarrollos filosóficos, de los debates políticos, de los métodos o de las reflexiones, que otros saberes hacen sobre lo social y lo humano. Amén de rememorar la constante evocación del filósofo colombiano Guillermo Hoyos, de exigir a las ciencias un diálogo constante con la reflexividad crítica de la Filosofía, en la vía de retomar la afirmación de uno de sus maestros, Max Horkheimer: “El desprecio de la teoría es el inicio del cinismo en la vida práctica”.

Por tanto, este ensayo de interpretación histórica es una permanente complementariedad entre tesis teóricas y tiempo histórico, y responde a una decisión práctica: la finalidad de la comprensión del conflicto es su transformación.

Fuentes y presupuestos teóricos

 Desde la obra sistemática fundacional6 sobre el conflicto, existe un consenso que nutre el debate histórico: sus facetas son múltiples, esto es, no es posible una explicación unicausal o monocausal, pues existen elementos estructurales que remiten a la totalidad de la estructura social colombiana. Las divergencias comienzan con los enfoques teóricos, los orígenes, la periodización, las determinaciones y la existencia o no de jerarquías entre las causas.

5 Sánchez, Gonzalo. Diez paradojas y encrucijadas de la investigación histórica en Colombia…..p. 80.

6 Guzmán, Germán, Fals Borda, Orlando y Umaña Luna Eduardo. La violencia en Colombia (1962). Bogotá:Taurus, 2005.

En el esfuerzo investigativo de Paul Oquist7, en 1978, por sistematizar algunas explicaciones sobre las causas del conflicto, establece: causas políticas; causas socioeconómicas; causas institucionales; y causas psicológicas, culturales y raciales. El Grupo de Memoria Histórica destaca, por su parte, dentro de los factores del conflicto, “la persistencia del problema agrario, y la propagación del narcotráfico; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación institucional y territorial del Estado”8. El Informe del PNUD, El Conflicto, callejón con salida9, destaca también como factores desencadenantes, los siguientes: la ausencia de una solución al problema agrario; el fracaso del Estado en la prevención y resolución de conflictos; la retirada del Estado que trae problemas sociales en la regulación de la vida, el uso de prácticas privadas de justicia y la conformación de ejércitos irregulares; el vínculo negativo de las elites con el desarrollo del conflicto, por ser elites sin perspectiva estratégica, que no cuentan con proyectos colectivos y su visión es demasiado cortoplacista. El Acuerdo General entre el Gobierno y las FARC-EP (2012), establece, como condición para la finalización del conflicto, elaborar acuerdos en cuatro puntos determinantes de la vida social colombiana: Desarrollo agrario integral; Participación política y Democratización; Drogas ilícitas; y, Verdad y Derechos Humanos de las víctimas.

El presente ensayo comparte el enfoque de la multiplicidad de causas, pero intenta acentuar los factores políticos, ideológicos y culturales, para subrayar su multidimensionalidad y complejidad. Además, asume la existencia de algunas inmediatas y otras mediatas, primarias y derivadas, así como la acumulación de causas e impactos que prolongan la existencia del enfrentamiento. No arriesga una jerarquía estática, porque partimos de una interacción dinámica y diferenciada entre estas causas en el tiempo histórico.

Las unidades de análisis para aproximarnos a las dimensiones políticas, ideológicas y culturales son las siguientes: construcción del Estado y sus relaciones con el conflicto; poder político, estructuras de participación política, partidos y emergencia de proyectos alternativos; carácter y actitud frente a las reformas sociales; concepciones y prácticas de la modernización capitalista; elementos de la cultura política; y, otros factores culturales del contexto del conflicto social armado.

7 Oquist, Paul. Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1978.

8 Grupo de Memoria Histórica. ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Presidencia de la República, 2013. P. 111.

9 PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003. Bogotá: PNUD, 2003.

Enfoque

 Para analizar el conflicto colombiano planteamos tres periodos de larga duración, reconociendo que las fechas exactas siempre son problemáticas, y que los cambios históricos son producto de la convergencia de diversos procesos, fechas no sincrónicas y múltiples dimensiones humanas en juego.

El primer periodo, lo ubicamos entre las décadas del treinta y cincuenta del siglo XX (aproximadamente 1929/30 a 1957/58). La segunda fase, entre los años sesenta y ochenta del mismo siglo (1958/62 a 1989/91). La tercera, entre la última década del siglo XX y las primeras décadas del XXI (1992 a 2012/14). A cada una de estas etapas dedicamos un capítulo en sus componentes políticos, ideológicos y culturales. Los criterios para esta propuesta tentativa de periodización son principalmente dos, que deben ser complementados con otros del orden teórico e histórico: en primer lugar, destacar situaciones o “hitos”10 de la conflictividad social; y en un segundo, momentos críticos que muestran importantes dilemas o transiciones políticas.

En el conflicto interno colombiano también se expresan ciertas tendencias analizadas por Hobsbawm11 para las guerras del siglo XXI. En primer lugar, dejó de ser clara la frontera entre la guerra y la paz, que se vuelto cada vez más difusa con la denominada “guerra fría”, “la guerra contra la mafia”, “la guerra preventiva contra el terrorismo” y la “guerra contra los carteles de las drogas”. En segundo lugar, se ha dado la progresiva desaparición de la línea que separaba a los combatientes de los no combatientes. Tercero, vivimos en un periodo marcado por la inexistencia de una autoridad global eficaz y capaz de controlar y resolver los conflictos armados. Cuarto, desde el fin de la denominada “guerra fría”, la gestión de la paz y de la guerra ha respondido a un plan coyuntural e improvisado.

10 Carlos Medina introduce este criterio para periodizar la historia del conflicto colombiano.

11 Hobsbawm, Eric. Guerra y paz en el siglo XXI. Barcelona: Editorial Crítica, 2007.

El presente ensayo de interpretación histórica no tiene pretensión alguna de neutralidad o asepsia valorativa. Es un análisis del conflicto colombiano, que encuentra su marco teórico en concepciones históricas inspiradas en la escuela inglesa marxista de Hobsbawm y Anderson, como también en la tradición francesa de los Annales de Bloch y Febvre; se inspira en la tradición del pensamiento crítico de Adorno, Horkheimer, Marcuse y Benjamin. También, se escuchan los ecos de pensadores latinoamericanos como Alfonso Reyes, José Luis Romero, Pablo González, Adolfo Sánchez, Aníbal Quijano, Rossana Reguillo, Adriana Puigrós, Bolívar Echeverría, Camilo Torres, Ignacio Torres, Antonio García, Orlando Fals, entre muchos otros. Se instala en una atmósfera cultural y moral que aspira a transformar el conflicto armado en un conflicto político, pero que reconoce, con el gran filósofo del pensamiento utópico, Ernst Bloch, que “cuando se acerca la salvación, crece el peligro”.

Cierre del Universo Político, Límites del Reformismo y Violencia Estatal (1929/1930 – 1957/1958)

 Partiendo de la hipótesis de trabajo de algunos historiadores colombianos, como Antonio García, Gerardo Molina y Germán Colmenares, el siglo XX colombiano, en sentido estricto, se inicia en las décadas del veinte y treinta. También, para el historiador inglés Eric Hobsbawm, el “corto siglo XX” se inicia en 1914 con la Primera Guerra Mundial; y para Josep Fontana, el siglo veinte latinoamericano se inaugura con la Revolución mexicana, entre 1910 y 1917.

Para Gerardo Molina, “los años 20 figuran entre los más dinámicos de la vida colombiana. Fueron ciertamente los tiempos del despegue”12. En palabras de Colmenares: “Si tratáramos de establecer una vertiente cronológica que se inclinara definitivamente hacia el siglo XX, deberíamos situarla más bien entre 1920 y 1930, antes que hacia 1900”13. Los motivos de esta afirmación, para este investigador, son que, en la década mencionada se presentan los siguientes hechos: fue el último decenio de la supuesta “Hegemonía”14 conservadora, que completaba cerca de medio siglo; la polémica sobre el tipo de industrialización capitalista se intensifica; la forma de “intervención” estatal se pone al orden del día; se desencadena la Depresión capitalista de 1929 y la necesidad de las adaptaciones de las economías nacionales; se incrementa la conflictividad social por fuera de los partidos tradicionales, con los indígenas, campesinos y trabajadores (bananeras de la United Fruit, petroleros de la Tropical Oil, jornadas de junio de 1929). “La agudización de los conflictos sociales corrió pareja con el deterioro de la República conservadora. En septiembre de 1926 estalló la huelga del ferrocarril del Pacífico, cuyo gerente era el conservador aspirante, por tres veces, a la presidencia, general Alfredo Vázquez Cobo. En esta huelga, organizada por Raúl Eduardo Mahecha, intervinieron ocho mil trabajadores, además de los contratistas ocasionales”15.

12 Molina, Gerardo. Las ideas socialistas en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1988. p. 239.

13 Colmenares, Germán. Ospina y Abadía: la política en el decenio de los veinte”; en: Tirado, Álvaro (director) Nueva Historia de Colombia. Bogotá: Editorial Planeta, 1989. p. 243.

El historiador social Renán Vega16 destaca, para esta década, la fundación clandestina de la Unión Obrera o la Unión de Obreros (nombres originarios de la Unión Sindical Obrera, USO) en 1923, y las huelgas, en 1924 y 1927, de los trabajadores petroleros. El investigador Carlos Medina17 subraya la importancia del levantamiento indígena orientado por Quintín Lame, durante el gobierno de Concha (1914 – 1918), contra la expansión desmedida de la ganadería.

Las profundas transformaciones económicas y sociales de la década del veinte, expresadas en la conflictividad agraria, urbana y obrera, se complementan con una modificación en la esfera política: la llegada del partido liberal al Gobierno, en 1930. La confluencia de estos cambios impone a las clases dirigentes y a los partidos tradicionales importantes dilemas y dificultades, para lograr un consenso sobre la orientación de su proyecto político. Se presentan, nuevamente, debates profundos, como los que caracterizaron las guerras civiles del siglo XIX, aunque ahora los temas centrales eran: la orientación de la economía, la necesidad de la “industrialización”, el nivel de “intervención” del Estado, el modelo de “sustitución de importaciones”, las relaciones con la Iglesia católica, las reformas necesarias para una “modernización” capitalista, la cuestión agraria, el carácter de la educación, los caminos para enfrentar la nueva conflictividad social, las relaciones internacionales aconsejables, entre muchas otras disputas. Tanto en las clases dirigentes como en el seno de los partidos tradicionales, se producen facciones y fracciones sobre la concepción del desarrollo capitalista.

14 La noción de “hegemonía conservadora” es inapropiada históricamente y constituye una construcción ideológica fomentada por la prensa y la historiografía liberal. Durante el periodo histórico anterior existieron varias coaliciones entre liberales y conservadores, por ejemplo la “unión republicana” (1909), denominadas alianzas de “consociacionalismo”. El general Reyes, elegido presidente en 1904, nombró dos ministros liberales. El propio E. Olaya Herrera, antes de su elección presidencial, había ocupado durante ocho años la función de embajador en Washington. Los “notables” de los dos partidos tradicionales colaboraban cómodamente como “república elitista” o “élite plutocrática”.

15 Ibíd., p. 257.

16 Vega Cantor, Renán, Núñez, Luz Ángela y Pereira, Alexander. Petróleo y protesta obrera. Bogotá: Corporación Aury Sará y USO, 2009.

17 Medina, Carlos. “Una propuesta para la periodización de la historia del conflicto colombiano en el siglo XX”; en: Guerrero, Javier y Acuña, Olga (compiladores). Para reescribir el siglo XX. Medellín: Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, 2011.

La versión histórica convencional de este periodo, como lo destaca M. Palacios18, sostiene que se trata de dos momentos completamente distintos y sin relación: la denominada República liberal (1930-46), y la Violencia, el Estado de sitio y la dictadura de Rojas (1946-1958). Consideramos, que es conveniente comprenderlo como un todo, porque en este largo periodo se deciden factores determinantes del modelo capitalista de desarrollo, el carácter de nuestras instituciones estatales, las relaciones inter-partidistas, los límites del reformismo, los grupos de poder, algunos rasgos constitutivos de la cultura política y ciertos imaginarios de nuestras identidades culturales. La forma de resolución de estas problemáticas está en el fundamento y la historia del conflicto colombiano.

Para el historiador colombiano Jaime Jaramillo Uribe19, estas décadas dejan una “huella muy honda en la evolución intelectual de Colombia”, por cuatro circunstancias: constituyen un momento de cambio político interno; se produce el despegue hacia la industrialización del país; empieza el proceso creciente de urbanización; y, se inauguran los procesos de modernización social y cultural del país.

18 Palacios, Marco. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia: 1875 – 1994. Bogotá: Editorial Norma, 1995.

19 Jaramillo Uribe, Jaime. “Las ideas políticas en los años treinta”; en: Ensayos de historia social. Bogotá: ediciones Uniandes, 2001. pp. 254 – 261.

La interpretación de Palacios20 sobre esta etapa plantea algunas conclusiones inquietantes.

La primera, constata cómo la esperanza en la ampliación de la ciudadanía culmina en una dictadura y en la consolidación de una élite plutocrática. La segunda, asevera el carácter trágico que asume el hecho de que las movilizaciones sociales aparecieran, para las clases altas de ambos partidos y para el clero, como un “peligro inminente”, con lo que se consolidó una matriz política de “moderación por arriba, sectarismo por abajo” o, en términos más anti-democráticos, el “peligro de la plebe”. La tercera, destaca cómo, desde ese momento histórico, el Ejército emergió como el “árbitro supremo” del enfrentamiento político, se convirtió en “baluarte del orden”, en un doble sentido: el primero, el constitucional de preservar el orden público interno, y el segundo, el ideológico, como defensores a ultranza del status quo social y sus privilegios.

 Construcción del Estado y Violencia

Las investigaciones históricas sobre la configuración del campo político en América Latina y el Caribe, adjudican un carácter problemático, conflictivo y defectivo, a la construcción del Estado-Nación y a sus relaciones con la sociedad. Los procesos de formación del Estado en la región no han sido un camino de rosas; han convivido con contradicciones, desfases y desigualdades. Desde perspectivas divergentes y con acentos diferenciales, las escuelas teóricas del Estado, de tradición liberal, conservadora, estructuralistas, funcionalistas, institucionalistas, sistémicas, neomarxistas, entre otras, comparten la preocupación por el proceso concreto de construcción del Estado en estas latitudes.

Desde la obra latinoamericana clásica de Marcos Kaplan21, en 1969, sobre la peculiaridad de la formación estatal latinoamericana, se han sostenido un conjunto de tesis que no han perdido vigencia. La primera, se reitera, que la naturaleza y funciones del Estado en América Latina deben ser establecidas lógica e históricamente a partir del proceso concreto de desarrollo capitalista dependiente, en las condiciones específicas de cada país. La segunda, existe una autonomía relativa del Estado en la medida en que no se da una identificación absoluta e incondicional entre el Estado y la élite político-administrativa, y una fracción o la totalidad de la clase dominante, como tampoco una subordinación mecánica e instrumental entre Estado y clase dominante. Tercera, durante el siglo XIX y comienzos del XX se diseña, en la mayoría de países de la región, un modelo de crecimiento económico de tipo primario-exportador y dependiente, especialmente a partir de la década del treinta del siglo XX, sin transformaciones estructurales globales, y se organiza una sociedad jerarquizada, polarizada y rígida, con fuerte concentración de la riqueza, y el poder político centralizado en una minoría. Cuarta, para la construcción del orden político-institucional, la élite dirigente y sus intelectuales orgánicos importan un modelo sobre-impuesto de Estado europeo y norteamericano dependiente, centralizado, formalmente basado en la soberanía y la democracia representativa. Ese carácter sobreimpuesto del modelo estatal hace que los principios y formas de la unidad nacional, la soberanía y centralización estatales, la democracia representativa y la participación popular, tengan vigencia limitada o ficticia. Quinta, a partir de la década del treinta del siglo XX, el continente latinoamericano entra en una fase de “crisis estructural permanente” en la construcción del Estado, que se despliega hasta el presente.

20 Palacios, M. Ibíd., pp. 131 – 187.

21 Kaplan, Marcos. La formación del Estado nacional en América Latina. Santiago: Editorial Universitaria, 1969.

Las lecturas colombianas sobre los nexos entre construcción del Estado y conflicto social armado remiten a concepciones y diagnósticos bastante divergentes. Sin desconocer estas posturas, se encuentran implícitos algunos consensos. El primero, la importancia otorgada en las investigaciones históricas a los procesos de construcción del Estado y su influencia en los territorios y poderes locales, como causa importante para la comprensión del largo conflicto colombiano. Segundo, el reconocimiento de que su carácter de proceso implica avances, retrocesos, crisis, estancamientos, desintegraciones y direcciones divergentes. Tercero, que las tensiones, limitaciones y dificultades empezaron hace bastante tiempo, aunque no existe consenso sobre su fecha. Cuarto, la conciencia de que el proceso colombiano de construcción del Estado tiene rasgos peculiares, que hacen imposible asimilarlo a la historia europea o latinoamericana en general.

También divergentes son las concepciones sobre la naturaleza del Estado moderno, inspiradas en distintas tradiciones filosóficas22. El Estado se ha entendido como: monopolio legítimo de la violencia, factor determinante de la cohesión e integración social, unidad del interés particular y general, instrumento de clase, superestructura jurídica, forma de las relaciones sociales, conjunto de instituciones, sistema de dominación política, entre muchas otras. En Colombia, a esta diversidad se suman, cuando se trata de la investigación histórica sobre Estado y Conflicto, diagnósticos como “abandono”, “colapso parcial”, “precariedad” y “presencia diferenciada”. Pueden existir otras lecturas alternativas, como también el uso de adjetivos diferenciadores. Esta cartografía o taxonomía tiene carácter provisional y esquemático, pues sus planteamientos son mucho más complejos que lo expuesto en estas líneas.

22 Es importante promover en Colombia una investigación sobre los autores y escuelas de filosofía política que han inspirado los estudios sobre violencia, conflicto y Estado

La tesis del “abandono” del Estado reclama que, por asuntos de “debilidad”, “fragilidad”, “inconclusión”, “ausencia de control territorial”, “límites institucionales”, “dificultades geográficas”, “Estado capturado”, entre otros, no existe una presencia física e institucional suya en todo el territorio nacional. Este “abandono” se ha configurado como causa estructural y motivo de la persistencia del conflicto social armado. No compartimos esta tesis sobre las relaciones entre Estado y conflicto interno. Las falencias mayores de este enfoque son: la suposición de la naturaleza del Estado como algo físico presencial; la tendencia a concebir la sociedad como un campo pasivo o de relaciones paternalistas con el Estado; la reducción de lo estatal a la existencia de instituciones; y, la suposición de que, el Estado –a causa de su “debilidad”- tiende a convertirse en una víctima de los denominados “actores ilegales o armados”.

La tesis del “colapso o derrumbe parcial” del Estado, inspirada en el trabajo precursor de P. Oquist, de 197823, se convierte en un sugestivo punto de partida para la comprensión histórica. Algunas de sus hipótesis básicas son bastante sugerentes. La primera postula, que la maduración de las contradicciones sociales, al convertirse en conflictos violentos, fue condicionada por la reducción progresiva del poder del Estado colombiano. La segunda constata, que Colombia, en el siglo XX, se ha caracterizado por tener un Estado cada vez más fuerte dentro de una debilitada estructura social, mientras que en el siglo XIX la relación era de una fuerte estructura social con un Estado débil. El colapso del Estado no tiene que ver con debilidad o abandono, sino que es “parcial”, en significados claves: la debilitada es la estructura social en sus relaciones con el Estado; los conflictos internos dela clase dirigente han desencadenado esta situación; las hegemonías exclusivistas de partido contribuyen al “colapso”. Algunas manifestaciones concretas de este derrumbamiento son: la quiebra de las instituciones parlamentarias, policiales, judiciales y electorales; la pérdida de legitimidad del Estado entre grandes sectores de la población y la utilización concomitante de altos grados de represión; la resolución de los conflictos partidistas de forma sectaria; las contradicciones profundas dentro del aparato armado del Estado; la ausencia física de la administración pública en grandes áreas rurales y geográficas. Aunque sugerente, no compartimos esta tesis del “colapso”, porque preserva la suposición del Estado como una naturaleza física e institucional exclusivamente.

23 Op. Cit. 12

La tesis de la “precariedad” del Estado se nutre de las posiciones de los últimos trabajos de D. Pécaut24, que en su problemática interpretación del Frente Nacional y el doble carácter de la precariedad, pretende tomar distancia de aquellas formulaciones que sostienen, que la violencia se produce por “falta de Estado” o por “exceso de él”. La precariedad es ahora el tipo de relación entre el Estado y la llamada “sociedad civil” en Colombia, y no un problema de fortaleza o debilidad del Estado. Esta supuesta “precariedad” del Estado tiene diversas manifestaciones, pero las principales, para este autor, son: incapacidad para consolidar su influencia en la vida social; la falta de unidad simbólica de la nación; la fragmentación del territorio; la persistencia de las prácticas clientelistas en el quehacer político; escasez de mecanismos institucionales para la mediación de conflictos; el “abismo” entre la protesta social y la protesta política.

Sus conclusiones son bastante problemáticas. La primera remite, a que esta “precariedad” estatal ha representado ventajas y desventajas. Entre las primeras supone, que ha permitido la “continuidad de formas democráticas” al privar de apoyo a intervenciones militares y ha hecho difícil los proyectos populistas. Entre las segundas subraya la conversión de los partidos en clientelares, lo que ha impedido la modernización del Estado. La segunda conclusión es, que la “precariedad” ha permitido aflorar violencias multifacéticas en el ámbito nacional. Las mayores insuficiencias de este enfoque son: su tendencia a mistificar la llamada “sociedad civil” y demonizar el Estado, con ciertos tintes cercanos a perspectivas neoliberales o socialdemócratas; su tentación maniquea de separar la “sociedad civil” como los buenos, y los malos como los “violentos”; otorgar un papel pasivo o victimizado a la “sociedad de los buenos”; y promover eslóganes tan problemáticos, como caracterizar el conflicto social armado como una especie de “guerra contra la sociedad”.

24 Pécaut, Daniel. Guerra contra la sociedad. Bogotá: Editorial Planeta, 2001.

La tesis de la “presencia diferenciada” del Estado, que nutre los trabajos de González, Bolívar y Vázquez25, persiste en la interpretación de la violencia política como un problema de las relaciones entre Estado y sociedad, pero acentúa la investigación de la geografía y territorialidad del conflicto. El valor de esta perspectiva es que logra independizarse de concepciones exclusivamente “normativas” del Estado y destaca que no existe Estado sin territorialidad concreta. Para esta apuesta teórica, la presencia diferenciada y desigual de las instituciones y aparatos del Estado en los distintos territorios, es central para comprender la dinámica del conflicto. Las unidades de análisis para valorar la “presencia diferenciada”, en los primeros trabajos de esta corriente, son principalmente, a nivel regional, el poblamiento, las formas de cohesión social, la organización económica, la desigual presencia institucional, las relaciones con el Estado y el régimen político.

En trabajos recientes, se subraya el criterio procesual, de “Estado en construcción” o “presencia diferenciada” de las instituciones estatales en el espacio y el tiempo, y se destacan los siguientes factores, como desencadenantes del desarrollo diferenciado, tanto económico como de la construcción del Estado nacional: la manera como los espacios regionales se han venido poblando y articulando con los espacios nacionales; el modo como los pobladores se han ido cohesionando y organizando internamente y, el papel que desempeñan los partidos tradicionales como redes de poderes locales y regionales, ya que las élites de aquellos partidos se han convertido en “confederaciones de redes de poder”.

No participamos de esta tesis de la “presencia diferenciada” del Estado porque consideramos que contiene elementos bastante problemáticos. Sus mayores limitaciones son: preserva la naturaleza del Estado como algo físico, instrumental e institucional; contiene la tendencia a localizar y regionalizar el conflicto, impidiendo una teoría global del Estado colombiano; tiene una cierta preferencia epistemológica por lo particular o contextual, al relevar la “geografía del conflicto”, las “territorialidades bélicas”, las rivalidades y actores locales; y mantiene cierta propensión a exculpar al Estado de las lógicas de violencia para acentuar exclusivamente las causas estructurales de orden territorial.

25 González, Fernán., Bolívar, Ingrid y Vázquez, Teófilo. Violencia política en Colombia. Bogotá:Cinep,……; Bolívar, I. Violencia política y formación del Estado. Bogotá: Uniandes, 2003; González, F. Poder y violencia en Colombia. Bogotá: Cinep, 2014.

Desde nuestra perspectiva, es necesario recuperar una tradición crítica de la teoría del Estado postulada por autores como Fernando Rojas, Víctor Moncayo, Francisco Leal26, entre otros, que establecen niveles de análisis, en cuanto forma de relaciones sociales capitalistas, intervención en la producción y reproducción de la relación capital/trabajo, y expresión política de las relaciones de poder y las luchas sociales. Hace parte de una importante tradición académica latinoamericana que va más allá de la perspectiva exclusivamente juridicista e institucionalista del Estado. Aspectos relevantes de esta perspectiva son: subrayar el carácter histórico del forma Estado; la naturaleza del Estado como una relación social de fuerzas y no simplemente como un “objeto” o unas “instituciones”; el Estado desempeña “un papel decisivo en las relaciones de producción y en la lucha de clases, estando presente ya en su constitución, así como en su reproducción”27. En términos de Rojas, es conveniente mantener tres niveles de análisis en la aproximación al Estado colombiano: el Estado en cuanto forma o relación capitalista y premisa de tal relación; el Estado como intervención específica en la producción y reproducción de la relación entre el capital y el trabajo; el Estado en cuanto centro visible del poder y de las luchas sociales. Un análisis del periodo de la “violencia” (1948 – 1958) con esta concepción lleva a Rojas a mostrar que la “violencia” no fue una simple batalla interpartidista o de “sectarismo político”, sino la manifestación de choques de los intereses económicos de las clases dominantes y un proceso de acumulación violenta de la propiedad rural. Para Moncayo28, la insistencia en el carácter histórico de la formación estatal tiene dos consecuencias: la primera, la necesidad de un estudio riguroso de tipo de capitalismo que expresa, y la segunda, la importancia del contexto histórico concreto en que se construye ese Estado. En el caso colombiano el fenómeno de la violencia ha sido colateral a la construcción estatal desde la década del treinta del siglo XX. Según Camilo Torres, “la violencia ha constituido para Colombia el cambio sociocultural más importante en las áreas campesinas desde la conquista efectuada por los españoles”29

26 Moncayo, Víctor M. y Rojas, Fernando (compiladores). Estado y economía: crisis permanente del estado capitalista. Bogotá: Ediciones Internacionales, 1980; Leal, Francisco. Estado y política en Colombia. Bogotá: Siglo Veintiuno Editores, 1984; Moncayo, V. M. El Leviatán derrotado. Bogotá: Editorial Norma, 2004.

27 Poulantzas, Nicos. Estado, poder y socialismo. Bogotá: Siglo XXI Editores, 1979. p. 3

28 Moncayo, Víctor M. “Por una nueva gramática sobre el Estado”; en Revista Crítica y Emancipación, Año 2 No. 4, 2010.

En este sendero investigativo, destacando la conformación violenta del Estado colombiano a partir de los años treinta, encontramos los originales trabajos de Javier Guerrero y Vilma Franco30, quienes comparten en su enfoque teórico la naturaleza del Estado capitalista en su doble función de coerción y consenso, la legitimación estatal de la guerra como necesidad política y la conformación de bloques en el poder que incrementan la violencia. También, se resalta la existencia de ciclos históricos concretos en el siglo XX, que se aproximan a la experiencia de “guerra civil” (V. Franco) o “guerra civil no declarada” (J. Guerrero).

Las tesis interpretativas de Guerrero, para reescribir la historia del siglo veinte, son relevantes y heterodoxas. La primera caracteriza a Colombia como la “única nación occidental” que, sin destruir completamente los rasgos de un régimen civil (presencia de partidos políticos; prensa libre; realización de elecciones; libertades civiles de organización), ha tenido en el lapso del siglo XX tres genocidios políticos o politicidios, y que aún continúa, en los albores del XXI, con violencias instrumentales al servicio de la acción política. Destaca tres genocidios contra movimientos políticos de raigambre diferente: la persecución a los conservadores entre 1930 y 1938; el aniquilamiento del movimiento gaitanista entre 1948 y 1953; y, el genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista entre 1984 y 1998. Tenemos que fomentar investigaciones sobre el genocidios del movimiento sindical y organizaciones políticas como “A luchar”, el movimiento indígena, las organizaciones sindicales, los defensores de derechos humanos, el periodismo crítico, y otras.

29 Torres Restrepo, C. “La violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas”; en Once Ensayos sobre la violencia. Bogotá: CEREC, 1985. P. 115.

30 Guerrero, Javier. El genocidio político en la construcción el fratricidio colombiano del siglo XX (2011); Franco, Vilma. Orden contrainsurgente y dominación. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2009.

La segunda tesis postula cómo esas realidades políticas fratricidas han hecho que se acumulen tensiones que desencadenan oleadas de violencias generalizadas, señalando la proximidad en Colombia entre guerras civiles, en determinados momentos. La tercera confirma la naturalización en Colombia de salidas a las crisis políticas a través de la destrucción y asesinato del partido opositor por parte del bloque en el poder. “Este escrito desarrolló nuestra tesis general: la política en Colombia, ha sido continuación de la guerra por otros medios; de cómo en Colombia, a pesar de las formas democráticas de su régimen político, ha habido una incapacidad manifiesta de renunciar a la violencia para el ejercicio de la política. Los mecanismos violentos se han usado de manera ambigua, sin renunciar a los mecanismos de la democracia”31.

La socióloga Franco realiza una “reflexión” que trasciende la lectura juridicista y

coyunturalista. En su obra, desea tomar distancia de la “memoria manipulada” (Ricoeur) y de la historia sancionada. Algunas de sus tesis constituyen aportes reveladores para la comprensión de nuestro conflicto. La primera postula la existencia en Colombia de una relación intrínseca entre la guerra contrainsurgente y el mantenimiento o reconfiguración del orden interior, de tal forma que las diferentes formas de violencia (organizadas o permitidas por el Estado), son uno de los mecanismos de producción y reproducción del equilibrio existente, con el objetivo de excluir cualquier otro orden posible. El Estado, por todos los medios, intenta la exclusión de cualquier otro sistema que se presente como posibilidad. La segunda sostiene la configuración en nuestro país de un “bloque de poder contrainsurgente”, que garantiza la realización de los intereses políticos de los sectores dirigentes, a través de mecanismos que se mueven en las antípodas legalidad-ilegalidad y coerción-consenso, como también en sus intersecciones.

La tercera, la necesidad de reconocer, que las prácticas y las ideologías contrainsurgentes no surgen con la guerra, sino que las anteceden ampliamente; la consecuencia de este postulado es cómo la consolidación de un “Estado contrainsurgente” o “bloque de poder contrainsurgente” ha sido previa a la existencia misma de las insurgencias. En Colombia existen dos hechos históricos peculiares: el primero, la consolidación de una “mentalidad contrainsurgente” ha sido anterior a la existencia de las guerrillas; y la segunda, la existencia de movimientos armados insurgentes fue anterior a la revolución cubana a finales de la década del cincuenta del siglo XX. La cuarta, reconocer que en la guerra contrainsurgente el lenguaje y la legislación ocupan un lugar tan primordial como la violencia misma; por ejemplo, en el campo discursivo las retóricas de la “legítima defensa”, la “seguridad” y el “odio” al enemigo, como también la combinación de legislación excepcional y ordinaria, la política criminal, la legislación de guerra y la institucionalización de la impunidad, son claras herramientas de guerra contrainsurgente.

31 Ibíd., p. 90.

Límites del Reformismo

 La Historia convencional pretende caracterizar este periodo histórico, como una etapa de profundas reformas sociales y utiliza la noción de “Revolución en marcha” o “República liberal”, como estrategia para perpetuar formas de periodización de “hegemonías” partidistas y defensas emotivas del papel determinante del bipartidismo. La valoración sobre el contenido de las reformas sociales, la actitud de los sectores dirigentes frente a su obligatoriedad y su posibilidad de convertirlas en realizaciones prácticas, son factores importantes para comprender los orígenes y causas del conflicto colombiano. El fracaso o aplazamiento indefinido de reformas sociales constituye una típica causa acumulativa del enfrentamiento. Los asuntos relativos a sus contenidos, actitud de las clases dominantes y conversión en realidades prácticas, desde nuestra perspectiva, se convierten en motivos explicativos importantes.

El gran pensador latinoamericano José Luis Romero, en sus escritos sobre el pensamiento político de la derecha, establece un conjunto de rasgos distintivos de esta concepción del mundo, que aluden directamente al problema de la actitud frente a las reformas en nuestro país. Algunos de estos elementos constitutivos son: resistencia a los cambios; certidumbre de la legitimidad de los privilegios; inmutabilidad del orden universal, e ilegitimidad de todo cambio de la estructura socio-económica. La persistencia de estas concepciones muestran que “[…] en rigor, la estructura socioeconómica colonial no ha desaparecido del todo en ningún país latinoamericano, tan importantes como hayan sido las transformaciones que haya sufrido. El signo inequívoco de su permanencia es el régimen de la tierra y, muy especialmente, el sistema de las relaciones sociales en las áreas rurales y mineras”32.

Los juicios históricos sobre el contenido, la actitud y la realización práctica de las reformas emprendidas en esta etapa son disímiles. Por ejemplo, en interpretaciones propuestas por Álvaro Tirado, la figura de López Pumarejo (El Conductor) y otros dirigentes liberales, son destacadas, como también sus realizaciones. Del Partido liberal subraya, que “era una agrupación heterogénea, en la cual la división siempre estuvo presente. Unas veces en forma franca, otras de manera atenuada, pero siempre en forma latente”33; pero, el presidente López, para este historiador, es un nítido representante del “progreso”. También sorprendente la afirmación de Gerardo Molina: “Gracias a López, el país se desplazó unos grados a la izquierda”34. Mientras, en otras aproximaciones históricas existen dudas sobre la convicción reformista de la clase dirigente y el propio contenido de las reformas. Fue más la “marcha” que la “revolución” (Uribe Celis). Las investigaciones de Ignacio Torres, Darío Mesa, Marco Palacios, transitan por este sendero. La mirada de Torres35, quien reconoce en el primer gobierno de López una actitud liberal progresista, destaca también las “inconsecuencias” y “frenos” en el ritmo de sus realizaciones, como una manifestación de su mirada de clase, la situación histórica concreta y las ambiciones, que muestran sus cartas en este breve periodo de la vida colombiana. Sus inconsecuencias personales se manifiestan en ambigüedades, como: “jamás” fue un antiimperialista decidido, pero tampoco un simple instrumento incondicional del imperialismo; actitudes anti-feudales, pero que no rompen con la feudalidad. Aunque López no representaba un ideólogo anticomunista, temía que las fuerzas de sindicalismo desencadenaran una sociedad comunista.

En una conferencia ofrecida en Bogotá, en 1936, narraba: “Un conocido capitalista me decía, no le tengo miedo al Partido liberal, ni me preocupo mucho por el regreso del Partido conservador al poder. Me alarma lo que venga después de este gobierno. Temo que el comunismo venga después del movimiento sindicalista”36

32 Romero, José Luis. El pensamiento político de la derecha latinoamericana. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1990. p. 35.

33 Tirado, Álvaro. Op. Cit., p. 323.

34 Molina, Gerardo. Op. Cit., p. 96.

35 Torres Giraldo, Ignacio. Los Inconformes. Tomo 5. Medellín: Editorial Latina, 1966.

Desde su presidencia, aspiraba a modificar las relaciones económicas, especialmente en vía de la industrialización y las relaciones capitalistas en la agricultura; sin embargo, para Torres, el resultado práctico de su actitud anti-feudal es muy limitado y en algunos aspectos contraproducente para la gran masa de campesinos sin tierra. Hay que subrayar, para ese momento, también la debilidad del movimiento campesino, su escasa organización y la confusa orientación en cuanto a propuestas.

En dos ámbitos se manifiestan con nitidez, tanto las ambigüedades como la situación histórica concreta, en su visión de la cuestión agraria y en la aceptación del tratado comercial con los Estados Unidos. El sentido burgués convencional de la legislación agraria está en la centralidad de la propiedad privada y las preocupaciones fiscales, ya que el interés es la legalidad de los títulos para consolidar una “burguesía agraria” y una base más amplia de tributación, para incrementar las rentas nacionales. Frente a la burguesía mercantil, López tiene que ceder al tratado comercial firmado en 1933, en Washington (aprobado por el parlamento en 1935), y aceptar ese golpe a las políticas proteccionistas que aspiraba promover. Para Torres, en este periodo se instaura la práctica consuetudinaria de la política colombiana de “unidad nacional por arriba y violencia por abajo”.

Las principales reformas desencadenadas por la República liberal son la constitucional, la laboral, la tributaria, la educativa y la agraria. Tienen que ser evaluadas en sus contenidos y relaciones intrínsecas, asuntos que desbordan los límites de este trabajo, pero que, en general, expresan un espíritu “modernizante”, que va a fracasar por los avatares de la historia y por la actitud de resistencia al cambio de la estructura socio-económica de los sectores dominantes y privilegiados de los partidos tradicionales. La reforma más discutida en Colombia, tanto por su concepción como por sus efectos de contención de una verdadera solución a la problemática agraria, es la Ley 200 de 1936. Esta legislación reafirma el concepto de propiedad y establece dos formas para constatarla: o por la destinación económica o por el registro. En el primer caso es determinante que los predios estén explotados económicamente, y si esto no se comprueba, las tierras deben revertirse al Estado al cabo de diez años. La denominada “función social” de la propiedad se limita al criterio capitalista, es decir, que sea explotada económicamente, y no alude a funciones cooperativas o comunitarias. El propósito central de la Ley no es redistributivo, sino el aumento de la productividad y la legalidad de los títulos.

36 Citado por Medina, Medófilo. Historia del Partido Comunista de Colombia. Bogotá: CEIS, 1980. p. 312.

La investigación de Antonio García37 permite aclarar, que al comparar la experiencia de las luchas campesinas en México, Cuba y Bolivia, con la colombiana, en estos países los campesinos organizados logran las conquistas con el apoyo de los trabajadores, intelectuales y otros sectores. En el caso colombiano, las reformas se proponen desde el Gobierno, sin tener en cuenta los reclamos campesinos, y es por eso que estas reformas no avanzaron en función del campesinado sino en función de la clase latifundista y burguesa: Lograron acelerar la incorporación de la tierra al sistema capitalista de mercado.

No solo fueron tímidas y poco profundas las reformas agrarias propuestas por los gobiernos colombianos, desde la década del treinta hasta el presente, sino que realmente nunca ha existido un interés profundo por consolidar una reforma agraria que afecte los privilegios de la estructura de la propiedad privada sobre la tierra.

La interpretación de Palacios, sobre el espíritu de la Revolución en marcha, destaca aspectos críticos de su reformismo. En primer lugar, muestra el carácter apariencial de su “nacionalismo”, con ejemplos contundentes: propició una legislación petrolera todavía más liberal y favorable a las empresas extranjeras, favoreciendo el otorgamiento de concesiones y las remesas de utilidades; impulsó el tratado comercial con Estados Unidos; estableció un tratado de compensación con la Alemania de Hitler, convirtiendo a ese país en el primer comprador europeo de café. En segundo lugar, ratifica, que “[…] la República Liberal dejó más o menos intacta la estructura social del campo colombiano, pero dio curso a la protesta campesina esporádica y localizada, y plantó la idea de que ‘la tierra es para quien la explota’, [aunque] primero que todo para el empresario, quien, como el campesino, requiere la seguridad de su posesión”38.

37 García, Antonio. Dinámica de las reformas agrarias en América Latina. Bogotá: Oveja Negra, 1974.

38 Palacios, Marco. Op. Cit., p. 151.

En tercer lugar, en relación con aspectos ideológicos y culturales, como las relaciones con la Iglesia, la mujer y la educación, a las que algunos historiadores les adjudican carácter revolucionario, en la Revolución en marcha, la perspectiva de Palacios es crítica. En asuntos de religión los liberales de esta década fueron más “cautos” que los radicales del siglo anterior, al reconocer la impopularidad del divorcio y dejar intacta la Ley que forzaba a apostatar al católico que deseara casarse por lo civil; no quisieron reconocer los derechos políticos de la mujer, aunque se protegió la maternidad; y, frente a la educación, en medio de la defensa liberal de la “libertad de cátedra”, no se presentaron cambios relevantes en acceso al sistema educativo o inequidad regional. También se pactó con la función socializadora y educativa de las comunidades católicas. Una de las secuelas más peligrosas fue la polarización doctrinaria entre corrientes anticlericales en el liberalismo, y la intemperancia eclesiástica en las instituciones educativas religiosas.

Examinando en detalle la reformas de la República liberal, sostenemos que no constituyeron una confrontación a la estructura social dominante, sino significaron una “captación estratégica” de las fuerzas divergentes hacia ese modelo, entre ellas la dependencia o cooptación del movimiento sindical y otros sectores; ambos partidos tradicionales están determinados por una “élite” que comparte idénticos intereses de fondo en lo económico; liberales y conservadores han actuado con la misma flexible ambivalencia, han sido alternativamente librecambistas y proteccionistas, su “nacionalismo” ha sido bastante ambiguo; estos partidos recurren al “odio adscripticio”39 hacia el adversario como estrategia para apropiarse de los empleos y privilegios estatales; la voluntad real de transformaciones por parte de esa “élite” partidista y de las clases dominante es muy limitada.

Cierre del Universo Político

 La conversión progresiva del Estado en un “bloque de poder contrainsurgente” y la desilusión con las posibilidades reformistas, se van a acompañar de un cierre gradual del universo político. Esta contracción de lo político tiene múltiples manifestaciones, pero, podemos destacar la siguientes: utilización permanente del Estado de Sitio, con sus consecuencias devastadoras para la vida democrática; concentración del poder político para el lucro capitalista; imposición del bipartidismo y de la violencia sectaria; instauración definitiva de la violencia como representación de lo político; incremento del autoritarismo social; degradación de los fundamentos morales de la acción política; crisis de legitimidad del sistema político y electoral; deslegitimación de la justicia y las fuerzas armadas; entre otras manifestaciones.

Este cierre del universo político se consolida en la etapa final de este periodo histórico, que en la periodización de P. Gilhodes40 se establece en cuatro etapas: 1946 – 49, 1949 – 53, 1953 – 58, 1958 – 64; en la propuesta de D. Fajardo41 las fases son: 1946 – 49, 1949 – 53, 1953 – 57, 1957 – 64; para M. Palacios los momentos son: 1945 – 49 (sectarismo tradicional), 1949 – 53 (abstención liberal e inicio gobierno militar), 1954 – 58 (los pájaros), 1958 – 64 (la residual).

39 Guillén, Fernando. El poder político en Colombia. Bogotá: Editorial Planeta, 2008.

Sin ingresar en las particularidades de cada etapa, podemos afirmar que la “Violencia”, el magnicidio de Gaitán y el Gobierno militar de Rojas, hacen parte de un proceso histórico contradictorio y heterogéneo, pero que permite algunas consideraciones generales sobre las dimensiones políticas y culturales de nuestro conflicto.

La primera consideración política, extractada de las investigaciones de Palacios, postula que al llegar Colombia a la mitad del siglo XX, se conforma una “elite plutocrática”, en un país con exiguos índices de urbanización, altas tasas de mortalidad y una economía aún dominada por la agricultura. El “trágico colapso gaitanista” de 1948, tuvo consecuencias relevantes, como: hizo carrera la idea de que la sociedad colombiana no estaba preparada para la democracia política; precipitó la consolidación de formas autoritarias de gobierno; cuajó una elite plutocrática más heterogénea (textileros, banqueros, cafeteros, ganaderos, importadores), que acordó un consenso básico económico en torno a subsidios, exenciones, privilegios y medidas de promoción para garantizar altas tasas de ganancias en sus actividades. Esa plutocracia, ajena al populismo latinoamericano de la época, fue tan negativa como las “viejas élites”, porque responde a las demandas sociales con represión, criminalización de la protesta social y reduce la denominada “justicia social” a fracciones del gasto público. El tránsito del gobierno de Rojas y su caída también contribuyeron a esta tendencia plutocrática.

40 Gilhodes, Pierre. “La violencia en Colombia: bandolerismo y guerra social”; en Centro Gaitán. Once ensayos sobre la violencia. Bogotá: CEREC, 1985.

41 Fajardo, Darío. “La violencia 1946 – 1964. Su desarrollo y su impacto”; en Centro Gaitán, Op. Cit.

La segunda estimación, del mismo autor, resalta la necesidad de inferir que, este periodo, consolida unas élites en el poder reacias a la oportunidad de aprender a dialogar y concertar genuinamente con los representantes autónomos de las clases populares o con sus organizaciones. “No hay que ser perspicaz para advertir cuán delgada es la tela que separa la discriminación política de la exclusión social. Si las reglas políticas del Frente Nacional limitaron la primera, su modelo de economía política desatendió la segunda, todo arropado por un civilismo de vieja data. Se supuso que, desde la cúpula estatal, bastaría diseñar programas destinados a aliviar a cuenta gotas la destitución de los sectores populares, rurales y urbanos, llamados marginales; así, al menos, habrían de eliminarse las peores manifestaciones de la pobreza”42.

La tercera apreciación general, inspirada en los originales trabajos de Fernando Guillén, sugiere la existencia de una “grieta crítica” o vacío, que emerge en este periodo y cuya solución marca de forma profunda el destino del poder político en Colombia. La suposición sociológica, como sucedió en gran parte de los países latinoamericanos, de que el ascenso de las clases medias corregiría el régimen cerrado de partidos y el dominio de la elite oligárquica en el poder político, no sucedió en nuestro país, por dos razones principales: primera, la “oligarquía” colombiana no es un grupo de privilegiados, sino una “estructura asociativa, una tendencia y una tensión generales de la sociedad”43; y segunda, el ascenso de la clase media ha fortalecido esa estructura asociativa. A través de una “socialización controlada”, los miembros de las clases medias y en muchos casos populares, buscan la ayuda del partido a que pertenece la lealtad de sus familias, antes de acudir a grupos de intereses o partidos alternativos. El episodio crítico de este modelo es el asesinato de Gaitán y la “violencia” a partir de 1948, que abrió por poco tiempo la posibilidad de romper este modelo oligárquico; una multitud que, por momentos, no acataba las instrucciones de los dirigentes liberales y conservadores, pero que fue sometida por la violencia estatal, la traición de muchos dirigentes y el régimen militar de Rojas. Al final, se reparó la “grieta” y la industrialización, dentro de un “modelo hacendario”, persistió, tal vez, hasta nuestro días. Se trata de un modelo divergente al latinoamericano o una anomalía de la historia política colombiana.

42 Palacios, Marco. Violencia pública en Colombia: 1958 – 2010. Bogotá: F.C.E, 2012. p.

43 Guillén, Fernando. Op. Cit. p. 447.

La cuarta consideración emerge de los primeros trabajos de Pécaut sobre este periodo histórico. Partiendo de su tesis del carácter heterogéneo de las violencias sostiene, que la búsqueda de elementos de unidad tiene que hacer referencia a lo político. Pero, aclara, no en sentido “partidista”, ni tampoco de la separación entre lo social y lo político; sino en el entrecruzamiento entre orden, política y violencia, como se titula su investigación de 1985.

Para explicar el cierre de esta etapa de la historia colombiana, señala tres “temas”: la correlación de fuerzas, la desorganización de los actores colectivos y la representación de lo político como violencia. En sus propios términos, la “restauración elitista” es “la correlación de fuerzas, que se instaura después del 9 de abril entre la burguesía y las masas urbanas, constituye el trasfondo sobre el cual se generalizará la Violencia a partir de 1949.

Levantada la hipoteca gaitanista, las élites socio-económicas se deciden a imponer su ley en el dominio social y económico”; por tanto, se instaura un pacto entre esas élites y las masas urbanas para imponer la dominación de forma violenta (“la neutralización de las clases urbanas está en relación directa con el uso de la violencia”). En relación al segundo tema, la desorganización de las clases populares urbanas, la neutralización de las bases sindicales de la CTC y del gaitanismo se muestran incapaces de una verdadera resistencia y se consolida el triunfo de los gremios (Andi, Fenalco, SAC, Federación de ganaderos, Federación de Cafeteros). En cuanto al tercer tema, las manifestaciones principales de la conversión de la representación política en violencia son: la violencia va más allá de los dispositivos institucionales; logra romper la solidaridad –al menos política- de las clases dominantes; acarrea el desplazamiento del conflicto político a las zonas rurales.

La quinta apreciación remite a dimensiones del ámbito cultural y se nutren de las investigaciones de Uribe Celis y López de la Roche44. La primera tesis sostiene la gran importancia de la ideología en la acción política de los colombianos, ya que antes que la simple “retórica política”, sus decisiones políticas están altamente influenciadas por factores ideológicos. La segunda proposición es el papel persistente del catolicismo y el hispanismo en su ideología, con sus aspectos virtuosos y negativos; destacando, entre los defectivos, el autoritarismo, el fanatismo y la imposibilidad de un reconocimiento auténtico entre iguales. Por ejemplo, el refuerzo dentro de las élites, a partir del 9 de abril, de lo popular como bárbaro e “incivilizado” o la expansión de la lógica del “enemigo” a los adversarios políticos. Pero también, destaca algunas fortalezas, tales como, la existencia de un “respeto reverencial a la cultura”. La tercera hipótesis es la caracterización del “democratismo colombiano” como apariencial o de “alcance mediano”, porque es exclusivamente formal, establece limitaciones a la participación política y no permite relaciones entre iguales. El Grupo de Memoria Histórica plantea como una constante de nuestro conflicto el “miedo a la democracia”, que durante el Frente Nacional fue bastante notorio: “el miedo a la democracia ha sido una constante en Colombia, y se convirtió en una incentivo para la prolongación del conflicto. En tiempos de guerra o de paz, el país ha acudido a figuras restrictivas de la participación, la protesta o la disidencia, especialmente con medidas o largos periodos de excepcionalidad. Desde 1940 hasta que se promulgó las constitución del 91, el país estuvo casi siempre bajo estados de Sitio, que significaban en la práctica un paréntesis a los derechos y libertades. A pesar de que el Frente Nacional significó una relativa pacificación del país, demostró un profundo miedo a la democracia”45: También destaca el Informe ¡Basta Ya¡ como durante el Frente Nacional y hasta los 80, la criminalización de la oposición política, ha consolidado una Fuerzas Militares con una preocupante adscripción anticomunista.

44 Uribe Celis, Carlos. La mentalidad del colombiano. Bogotá: Editorial Nueva América, 1992; López de la Roche, Fabio. Tradiciones de cultura política en el siglo XX. Bogotá: FESCOL, 1993.

Resumiendo los planteamientos anteriores, proponemos algunas conclusiones, criterios y tesis interpretativas para la comprensión del conflicto social armado.

Primero: los orígenes del conflicto colombiano se sitúan al final de los años 20 y la década de los 30 del siglo XX. Un tiempo histórico de transformaciones en todos los ámbitos de la vida social. En estos años, a nivel político y cultural, se configuran los rasgos particulares del Estado-nación colombiano, los significados de la dimensión de lo político, las relaciones de poder fundamentales, la naturaleza y relaciones entre los partidos políticos, el tipo de conflictividad social y los mecanismos institucionales para su abordaje, el carácter del reformismo colombiano, las relaciones entre Estado, acción política y violencia, y rasgos centrales de la cultura política.

45 Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta Ya¡ Op. Cit. p. 49.

Segundo: son relevantes, en este tiempo histórico, como causas estructurales del conflicto social armado, a nivel político y cultural, tres dinámicas sociales: el tipo de proceso de formación del Estado nacional; la concepción y limitaciones del reformismo; y, el cierre gradual del universo político.

Tercero: Las unidades de análisis para aproximarnos a las dimensiones políticas, ideológicas y culturales son las siguientes: Construcción del Estado y sus relaciones con el conflicto; Poder político, estructuras de participación política, partidos y emergencia de proyectos alternativos; Carácter y actitud frente a las reformas sociales; Concepciones y prácticas de la modernización capitalista; Elementos de la cultura política; y, otros Factores culturales del contexto del conflicto social armado.

Cuarto: el tipo peculiar de proceso de formación del Estado, en este tiempo histórico, contiene limitaciones, dilemas y efectos contradictorios. Las mayores limitaciones son: el progresivo entrecruzamiento entre Estado y violencia; la consolidación de una clase plutocrática o una república elitista, beneficiaria exclusiva de lo estatal; la configuración de un “Estado” o “Bloque de poder contrainsurgente”. Los dilemas acuciantes giran en torno de: orden o democracia; coerción o consenso; economía o política; centralismo o regionalización. Los efectos contradictorios son: politización y despolitización; partidismo y sectarismo; público y privado.

Quinto: la concepción, la actitud de las clases dominantes y el fracaso en la implementación práctica del reformismo, desde la década del treinta, son una causa acumulativa de la persistencia del conflicto colombiano. En su concepción tiene dos defectos estructurales: el primero, son dictaminadas por el Estado en una visión “dirigista” y “estado-centrista”; el segundo, sus propósitos no son redistributivos o de justicia social, sino priman los criterios de productividad o lucro. La actitud de las clases dominantes en Colombia frente a las reformas sociales, recuperando a José Luis Romero, se caracteriza por una completa certidumbre de la legitimidad de sus privilegios y una reacción permanente contra toda transformación en la estructura socio-económica. La imposibilidad de realización práctica se acompaña de las dos actitudes anteriores y de cientos de trabas legales para su efectividad concreta.

Sexto: el cierre del universo político se incrementa al cierre de este tiempo histórico y sus manifestaciones son diversas, destacándose algunas como: utilización permanente del Estado de sitio, con sus consecuencias devastadoras para la vida democrática; profundización de los límites a la participación política y democrática, una constante de “miedo a la democracia”; concentración del poder político para el lucro capitalista y el beneficio privado; imposición del bipartidismo y de la violencia sectaria; instauración definitiva de la violencia como representación de lo político; incremento del autoritarismo social; degradación de los fundamentos morales de la acción política; crisis de legitimidad del sistema político y electoral; deslegitimación de la justicia y las fuerzas armadas. El cierre del universo político se convierte en “causa eficiente” (Aristóteles) de la profundización y persistencia del conflicto: deslegitimación del campo político; crisis de representación de los partidos políticos; privilegio de la represión y la violencia en la conflictividad política; reducción de lo político a lo estatal; negación de la democracia social y política.

Séptimo: los efectos principales en la población y en la sociedad en su conjunto, de las causas estructurales y causas acumulativas de este periodo, son: a. Se generan procesos de victimización colectiva que afectan a partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos y movimientos sociales; este tipo de victimización colectiva tiene la característica que está eliminando política y culturalmente otras sociedades posibles y proyectos políticos alternativos; no se trata de la muerte física individual sino de asesinar los sueños políticos colectivos de comunidades enteras; b. Se inicia ese largo y devastador proceso colombiano de deslegitimación de las instituciones estatales, por representar el Estado “real” exclusivamente a elites económicas y sociales; c. Se instauran en las relaciones entre los partidos políticos lógicas de “lealtades” violentas y el peso excesivo de lo personal en las relaciones políticas; el personalismo y el elitismo consolidan una vida política poco democrática; d. Se crean las bases ideológicas y discursivas para un Estado y una sociedad de tipo “contrainsurgente; d. Se inicia un itinerario de reformas aplazadas, suprimidas o reprimidas, que producirán una mayoría social bloqueada frente al cambio, temerosa de toda transformación en la estructura socioeconómica y unas elites que usan la represión y la violencia como forma de contención a cualquier tipo de transformación socio-económica; e. Se crea un terreno fértil para la desconfianza en el quehacer político y en su papel de bien colectivo.

Estado Particularista, Modernización contra Modernidad y Protesta Social (1958/62 – 1987/91)

 El bloque dominante configura su fórmula de dominación política con el plebiscito de diciembre de 1957 y la instauración del “frente nacional”. Los frentenacionalistas obtuvieron una abrumadora mayoría, del 95,2%, y los partidos permitidos empezaron su preparación para las elecciones a cuerpos colegiados de marzo de 1958. Quedaba legalizado el mandato de la Junta Militar hasta agosto de 1958, se reconocía al catolicismo como elemento esencial del orden social y a Dios como fuente suprema, y se votaba sobre estas bases: paridad liberal-conservadora en todos los órganos del Estado; derechos políticos sólo para los partidos tradicionales; mayorías de dos terceras partes para aprobar algunas leyes; inamovilidad de los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia; inversión del 10% del presupuesto para educación; persistencia del régimen excepcional de Estado de sitio; toda reforma futura de la Constitución tiene que ser ejecutada por los mecanismos previstos en la misma. La alternación de cada uno de los partidos tradicionales en la presidencia se convierte en obligatoria hasta 1974.

En el campo popular se trata de una etapa de recuperación de la autonomía política de amplios sectores sociales, incremento de la lucha de clases, consolidación del pensamiento crítico y la izquierda, mayor independencia ideológica y emergencia de formas creativas de resistencia a los mecanismos de dominación (paros cívicos, huelgas, invasiones, protestas, luchas urbano-regionales, luchas indígenas, campesinas y de mujeres, luchas estudiantiles, nacimiento de las insurgencias), con ciclos de auge de la luchas sociales (1974 a 1981), acompañados al mismo tiempo del incremento en la represión oficial. El co-dominio partidista y el ambiente internacional acentúan en el Frente Nacional la represión contra las disidencias políticas, los partidos de oposición y los movimientos sociales autónomos; como también se persiste en la cooptación y el clientelismo. Los datos sobre represión son contundentes46: de los 192 meses de duración del Frente Nacional, 126, es decir, 2 de cada 3 meses, se vivieron bajo Estado de sitio; en los registros de los periódicos aparecen 4.956 asesinatos de dirigentes populares, cerca de uno diario.

Un periodo marcado en el contexto internacional por la guerra fría y su corolario anticomunista y contrainsurgente del “enemigo interno”, las “guerras de baja intensidad” y la “seguridad nacional”; así como por el fantasma de las triunfantes revolución china (1949) y cubana (1959). Un momento planetario altamente polarizado con rasgos manifiestos de maniqueísmo en el campo político, ahora se exacerba un “nuevo enemigo”: los terceros partidos, los sindicatos clasistas, el Socialismo y el Comunismo. No hay que olvidar la magistral y preocupante afirmación de Gerardo Molina, para toda nuestra historia política: “Colombia ofrece la particularidad de que antes de que hubiera socialismo ya había… antisocialismo”47.

La evaluación y valoración de esta etapa histórica es muy importante para la memoria no manipulada y para el futuro político del conflicto social armado.

Existen profundas divergencias en su diagnóstico, consecuencias políticas y hasta en su periodización. En un documento clásico, de Tirado Mejía48, que intenta la evaluación del periodo entre 1957 y 1986 se proponen algunos criterios y tesis para el debate. La primera afirmación es la necesidad histórica de tener presente que el sistema de Frente Nacional no constituye ninguna novedad: es uno de los que más ha durado en nuestra historia republicana, porque se implementó en varias ocasiones en los siglos XIX y XX. La segunda es sobre su naturaleza política y social, que en términos de Tirado, era un mecanismo para evitar, pero no para innovar; para mantener, pero no para avanzar; para evitar que un partido tomara la primacía independientemente de su respaldo electoral; para lograr un consenso que, a la postre, se convirtió en paralizante.

46 Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Libro Negro de la represión. Bogotá: CSPS, 1974.

47 Molina, Gerardo. Op. Cit. p. 139.

48 Tirado, Álvaro, Op. Cit. Tomo II.

La tercera, que se constituye en una paradoja, es la construcción de un sistema político para la “quietud”, en el entorno de la época más dinámica de la sociedad colombiana en todas sus esferas; para este historiador, las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales desde los años sesenta nunca habían sido tan profundas. Destaca el incremento de las desigualdades en medio de mayor riqueza, la “desandinización” del país, la intensificación de la urbanización, la secularización y la crisis de la ética religiosa, los cambios en la educación y la expansión de la economía transnacional de las drogas ilícitas.

Existe una especie de abismo o desfase entre un sistema político para la “contención” y una vida social dinámica y conflictiva, que ha desencadenado una crisis general prolongada, de la que aún no hemos podido salir.

Estado Particularista y anti-democrático

Por vía constitucional y plebiscitaria, los privilegios otorgados al bipartidismo van convirtiendo al Estado en un mediador y representante exclusivo de intereses particulares y gremiales. La perpetuación del uso de la violencia estatal se acompaña con el afianzamiento del poder económico y político en grupos sociales cada vez más restringidos. En esta etapa histórica se consolida un Estado, “particularista” o “privatizado” (Archila).

En palabras de Tirado “los gremios de industriales, comerciantes, terratenientes y en general los que representan el capital, se fortalecieron e incluso invadieron los primeros papeles de la escena política […], su poder quedó patentizado en el hecho de que el escenario escogido por los gobiernos para presentar sus políticas al país, dejó de ser el Parlamento y se trasladó a los congresos gremiales, a los que debían acudir los ministros para sufrir pasivamente críticas y reprimendas”49. Las consecuencias de esta pérdida de representatividad del interés general o colectivo del Estado colombiano, para este historiador, son evidentes. En primer lugar, la abstención electoral se fue elevando a guarismos superiores al 50%, privando de legitimidad al sistema político y agregando un nuevo factor al ascenso de la conflictividad social. En el Plebiscito la votación total fue 4.397.090 electores y para la elección de Lleras Camargo se presenta una baja a 3.108.567.

49 Ibíd., p. 406.

En segundo lugar, ha ido creciendo la percepción de que los intereses auténticos de la población no pueden ser satisfechos por ese “Estado” particularista y se ha acudido a resolver los conflictos y demandas por fuera de él. Tercer elemento, las condiciones de posibilidad de configurar “mitos colectivos” o “fundacionales” de carácter cultural para la conformación de un Estado legítimo, se alejan cada día más. Cuarto, los sectores populares han quedado desprotegidos en su representación política, ha aumentado su desconfianza hacia las vocerías políticas y también han terminado fraccionados y representando exclusivamente intereses particulares. La manida frase “los negocios van bien pero el país va mal”, es la conciencia, algo irónica, de esa crisis institucional prolongada, instaurada desde el periodo del Frente Nacional.

Para Vázquez Carrizosa50, el Frente Nacional ha legado unos problemas estructurales a la sociedad y al Estado colombiano, que se condensan en una triple crisis: de legitimidad, de representación e institucional. La crisis de legitimidad, en este periodo, es producida por dos fenómenos complejos. El primero, es haber convertido en fórmula única y total de gobierno al bipartidismo liberal-conservador, en una sociedad política que ya contenía liberales disidentes como el gaitanismo, partidos de izquierda autónomos y movimientos campesinos insurgentes. El segundo, la falta de verdaderos partidos políticos de masas obligó a estos, para su sostenimiento, a acudir a un doble sistema de clientelas: por un lado, las políticas de los “dueños de los votos” en la regiones; y por el otro, un clientelismo de “alto nivel” para copar las altas posiciones del Estado, que aparecen como “intereses públicos” cuando son exclusivamente intereses particulares. Ambos procesos han generado una profunda crisis de legitimidad del Estado y de los partidos políticos.

La crisis de representación se personifica en la ausencia de una política social clara, durante el Frente Nacional. Con base en una visión “desarrollista” ingenua, se estima que el simple avance industrial y el crecimiento económico traerán desarrollo laboral y justicia social.

Dos manifestaciones de este descuido son el tratamiento despectivo del mundo sindical, y unas propuestas “reformistas” en el ámbito social, ausentes o demasiado débiles. La ausencia de una política social de dimensiones nacionales y de largo plazo, ha sido una cuestión recurrentemente señalada en los Informes de tres misiones especiales durante esta etapa histórica: Informe Lebret (1958); Informe de la OIT (1970); Informe de la Misión Chenery (1986). Por ejemplo, la Comisión de la OIT estima, que la Reforma agraria constituía un elemento central e indispensable para Colombia; mientras la Misión Chenery destaca la necesidad de una política educativa más audaz para erradicar la pobreza. Esta crisis de representación también se expresa en el “vacío de Estado” en la regiones y en las zonas urbanas marginales, que son enfrentadas por la resistencia popular a través de marchas campesinas y paros cívicos; dos experiencias características de la conflictividad social de este periodo.

50 Vázquez Carrizosa, Alfredo. Historia crítica del Frente Nacional. Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 1992.

La cuestión agraria reaparece, de una forma espectral, desde el inicio de esta etapa histórica y, otra vez, se intenta persuadir la protesta. Los gobiernos de los Lleras (1958 -62 y 1966 – 70) parecen enfrentar este fantasma, pero como en los años de López Pumarejo, su evaluación es bastante problemática. La Ley 135 de 1961 creó expectativas por sus alusiones a la “concentración de la propiedad rústica”, pero la lentitud legalista en su implementación la fue convirtiendo en inoperante; el gobierno de Lleras Restrepo intenta actualizarla nuevamente y la reformó en 1968 para atender las demandas de arrendatarios y aparceros. Con la ANUC se trata de dar un respaldo organizativo a la nueva legislación agraria, pero termina fragmentada en la línea Sincelejo (anti-sistema) y la línea Armenia

(pro-gubernamental). En 1971 se habían podido expropiar tan sólo el 1% de las superficies legalmente afectables. El gobierno de Pastrana (1970 – 1974) suspende cualquier distribución de tierras y, en 1972, los dos partidos acuerdan abandonar del todo los proyectos de reforma agraria, para, mediante las Leyes 4 y 5 de 1973, legalizar más bien una contra-reforma agraria. La única alternativa, es a partir de este momento, la vía fiscalista, es decir, ampliando la renta presuntiva de los predios rurales.

El Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica también reconoce la relevancia del problema agrario y lo califica de “corazón” del conflicto colombiano: “la tierra está en el corazón del conflicto colombiano. No solo porque nunca se hizo una verdadera reforma agraria, y la tierra sigue siendo una promesa incumplida para buena parte de los campesinos, sino porque no se ha podido modernizar la tenencia y uso de los recursos naturales”51.

La crisis institucional se exterioriza en los síntomas de una “sociedad bloqueada” (Latorre), característica de un conflicto no resuelto entre dos sociedades, la estrictamente estatal, que se mueve dentro de los pactos políticos anti-democráticos del Frente Nacional (detenida en 1958), y la sociedad real, que germina por fuera de esa institucionalidad formal. Una sociedad “estatal”, que quiere resolver cualquier conflicto con mecanismos de represión, violencia y Estado de sitio, al lado de una sociedad vital que exige oportunidades, soluciones, ejerciendo legítimamente la protesta, la subversión y la rebelión.

Frente a la crisis institucional, la de representación y la de legitimidad, parecería que no existe otra respuesta que una “república en Estado de sitio”; es decir, un régimen de legalidad marcial.

Una institucionalidad moribunda, cuya única respuesta es el aplazamiento y la coerción. “Quedó aplazado el problema de la integración de las clases, la distribución equitativa del ingreso, las oportunidades para aumentar el nivel de vida familiar, el trato justo de los más pobres por la práctica genuina de los Derechos Humanos, las facilidades para una educación media y superior, el valor del costo de vida más equilibrado entre las ciudades y las áreas rurales, para restablecer una mayor seguridad social”52.

Modernización contra Modernidad

El pacto político bipartidista y su conversión del Estado particularista y violento, también tuvo severas consecuencias en la concepción del proyecto de la modernidad. Para las Ciencias sociales latinoamericanas, las relaciones entre “modernización”, “modernismo” y “modernidad” han sido un problema y tema de estudio recurrente. En términos generales, aunque existen muchos matices, la “modernización” ha sido comprendida como un proceso de transición y cambio en las estructuras de la economía y la sociedad; el “modernismo” entendido como transformaciones en el campo cultural, los valores y la concepción del mundo; y la “modernidad” como la articulación total de los dos procesos anteriores. En visiones filosóficas contemporáneas (Anderson, Habermas, Wellmer) existe una relación dialéctica entre estos tres momentos de un único proceso, de forma que la reducción de la modernidad a modernización imposibilita y empobrece a los tres.

51 Centro Nacional de Memoria Histórica ¡Basta Ya¡ Resumen. Bogotá: CNMH, 2014. p. 47.

52 Vázquez Carrizosa, A. Op. Cit p. 224.

A partir de la década del sesenta, en Colombia, la modernización empieza a ser concebida como industrialización, sustitución de importaciones y fortalecimiento del Estado; mientras en la década del ochenta del siglo XX, comienza a identificarse con inmersión en el mercado global, innovación tecnológica y transnacionalización. En el periodo analizado, podemos postular, que la modernización comienza a colonizar a la modernidad. Los proyectos constitutivos de la modernidad empiezan a ser aplazados, suprimidos o reducidos a modernización. Para García Canclini53, esos movimientos básicos del proyecto de la modernidad, son: un proyecto emancipador, un proyecto expansivo, un proyecto renovador y un proyecto democratizador. La dimensión emancipatoria remite a autonomía, crítica, secularización, autoexpresividad, subjetividades, identidades, etc. El ámbito expansivo, a la extensión de la educación, el conocimiento, la técnica, el consumo, etc. El campo renovador a mejoramiento, innovación, apertura, cambios, etc. El proyecto democratizador a Ilustración, participación, igualdad, justicia, etc.

En Colombia encontramos trabajos investigativos profundos y sugestivos sobre las dificultades de “nuestra modernidad”, como la producción intelectual de Jaramillo Vélez, Leal Buitrago y Santana. El esfuerzo de Santana se centra en las consecuencias devastadoras que el pacto frentenacionalista ha tenido para el ejercicio de la Democracia, y que manifiesta una ausencia de proyección democrática en las clases dominantes, una especie de “pánico de contagio” con la democracia. Un pacto de cohabitación excluyente, que inicialmente fue por 16 años y que, con la aplicación del artículo constitucional de la participación “adecuada y equitativa” del partido que siguiera en votos al del Presidente, pudo prolongarse burocráticamente por 28 años. Se impone una concepción de democracia “restringida” y “acomodada” a los intereses de los dos partidos y de los sectores económicos que estos representan, que se expresa en acciones, como desconocimiento de los derechos políticos de otros partidos y movimientos sociales, una política de contención más que de desarrollo y la “despolitización” de la educación pública, al confundir “despartidizar” con “despolitizar”. También, destaca dos consecuencias, que califica de “graves” para la democracia: La primera, la legitimación de formas de violencia política para el control del poder, y la segunda, nunca pudo reconciliar la “sociedad civil” con el Estado, problema que, con otras categorías, se denominaría el abismo entre el “país político” y el “país nacional”, o entre el “país formal” y el “país real”.

53 García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. México: Editorial Grijalbo, 1989.

Las pesquisas de Leal van en vías de la subordinación de lo político a lo económico y las dificultades de modernización del Estado colombiano. En el primer caso, se evidencia la adecuación de las relaciones políticas a los objetivos de la acumulación capitalista; en el segundo caso, la modernización del Estado colombiano tiene dos rasgos: su condición de “retraso” y la utilización de sistemática la violencia, cuando se ponen en riesgo los privilegios del sistema económico y político. Algunas de sus tesis centrales son valiosas para comprender el conflicto.

La primera tesis, este periodo muestra un fortalecimiento del monopolio político y el usufructo estatal por parte del bipartidismo, que contrasta con el debilitamiento del Estado en cuanto a representatividad de numerosos sectores marginados, y con el recurso a la represión oficial, cada vez que surgían posiciones críticas. La segunda, el Estado nacido del Frente Nacional ha fracasado en las reformas sociales, cuando sus gobiernos han intentado salirse de la línea económica predeterminada por la integración de los intereses dominantes, dado que este consenso económico dominante defiende intereses privados y también privilegios pre-modernos. En Colombia parece que en asuntos económicos existe una especie de “centrismo” ideológico. Las políticas sociales que han buscado romper con la concentración del capital y del ingreso siempre han fracasado; la misma estructura tributaria del Estado se contrapone a posibles políticas sociales redistributivas. El Estado moderno tiene que dejar de ser “coto de caza” de antiguos y nuevos privilegios. Tercera, el Frente Nacional, con su centralismo y presidencialismo, produjo un desbalance regional en la modernización social y un desarrollo inequitativo en toda la geografía colombiana.

El filósofo Jaramillo Vélez, considera, que la ausencia o postergación de la modernidad en Colombia es un elemento con consecuencias éticas y políticas de inmensa gravedad. Sus esfuerzos reflexivos giran en torno a develar los rasgos peculiares de la modernidad en Colombia y en el continente americano. La sólida formación filosófica que caracteriza su producción bibliográfica le otorga a su propuesta interpretativa gran profundidad conceptual, de lo que él denomina, “hacer consciente la peculiaridad idiosincrática de nuestro país en relación con la modernidad”54.

Entre los ejes de reflexión de Jaramillo Vélez sobre la modernidad podemos subrayar: Primero, sostiene que el proyecto de “modernización” en nuestro medio nace limitado por altas dosis de precariedad, que lo condenan a la “postergación” de su experiencia plena. Por un lado, no responde a transformaciones reales en la base económica, sino a ideologías de grupos intelectuales elitistas con ciertos rasgos de “imitación” de las modas europeas. Por el otro, se conforma con una negación aparente del mundo católico (“catolicismo ultramontano antimoderno”) y neobarroco impuesto por la Colonia. El segundo, frente a la “trilogía” del proyecto moderno, hemos privilegiado la “modernización”, y escasa y tardíamente, y solo por momentos, y en forma separada, nos hemos preocupado por la “modernidad” y el “modernismo”. Somos una especie de discursividad “modernizante”, sin una experiencia plena de la modernidad. La ausencia de procesos democráticos genuinos, los límites de la universidad pública, los déficits profundos en efectividad de los Derechos

Humanos y el “naufragio” de la sociedad civil, son síntomas constatables de esta patología.

Este “vacío” o “naufragio” se inició con el magnicidio de Gaitán y aún no hemos podido superar esa herida trágica. En la “peculiaridad idiosincrática” colombiana, este rasgo es llamado con agudeza por el pensador quindiano una “modernización en contra de la modernidad”; es decir, va más allá, no se trata de “modernización sin modernidad”, sino de “modernización en contra de la modernidad”. Su característica es convivir con la industrialización, la urbanización y avances en la infraestructura, sin transformar un ápice la concepción tradicionalista y elitista del mundo.

El tercero, la “peculiaridad idiosincrática” nos obliga a diferenciar entre “clases dominantes” y “clases dirigentes”, para comprender extensos periodos de la historia colombiana. Las “clases dirigentes” en el sentido de la “hegemonía” gramsciana implica la dirección política y cultural de un grupo social sobre otros segmentos sociales; tiene que ser un proceso que impregne la subjetividad de los actores sociales, conquistando sus ideas filosóficas, morales, educativas y culturales. Las “clases dominantes” se orientan exclusivamente por la preservación e intensificación de la dominación y abandonan esa dirección ideológica por el predominio de los intereses de lucro. Para este filósofo, en Colombia han existido largos periodos de “clases dominantes”, pero muy escasos de “clases dirigentes”.

54 Jaramillo Vélez, Rubén Op. Cit., p. vii.

Protestas Sociales y Justa Indignación

 Paralelamente a la captura particularista del Estado y la extensión de una modernización contra la modernidad, se configura una intensificación de la lucha social y política, que adquiere la forma concreta de “protesta social” y subversión. Lo anterior es expresión de la convergencia del aplazamiento o congelación de las reformas sociales, del desprecio hacia las políticas sociales, de la inequidad regional y de la crisis de legitimidad estatal.

En términos de Mauricio Archila55, la categoría “protesta social” es definida, como aquella acción social colectiva de más de diez personas que irrumpe en espacios públicos para expresar intencionalmente demandas o presionar soluciones ante el Estado en sus distintos niveles o ante entidades privadas. Y postula seis modalidades: huelgas o cese de actividades; movilizaciones, marchas o mítines; invasión de tierras; toma de entidades públicas; bloqueos o corte de vías; y confrontaciones o enfrentamientos con la Fuerza pública, distintos de las acciones armadas. Se registran 9.981 protestas sociales entre enero de 1958 y diciembre de 1990, lo que significa 302 al año; en promedio, prácticamente una por día. La intensidad no ha sido la misma en toda la etapa y se puede verificar que, hasta 1974, el promedio es de una protesta cada dos días, que se agudiza después de 1975 a más de una diaria. También se pueden establecer tres sub-periodos con diferentes características: primero, 1958 – 1970, con promedios relativamente bajos; segundo, 1971 – 1979, estuvo marcado por altibajos y con los mayores picos de los 33 años (el paro cívico de 1977 es un hito de la protesta en Colombia); tercero, 1980 – 1991, con un crecimiento constante y con el de mayor registro promedio.

De los tipos de protesta, hay que destacar: las huelgas y paros, con un 49% del total; también las invasiones, con el 20.2%. El itinerario de estos es estable durante este tiempo, con cierta tendencia al alza, destacándose el periodo 1975 a 1977. La trayectoria de las invasiones es cíclica y ha coincidido con luchas agrarias de campesinos e indígenas. Se identifican tres momentos de este devenir de las luchas agrarias en esta etapa: el primero, aunque tenue, se manifestó antes de la aprobación de la legislación agraria de 1961; el segundo, se desata en torno a la creación y consolidación de la ANUC, siendo 1971 el año de mayor actividad, en cuanto a invasiones; el tercero, en la segunda mitad de los ochenta, llegando a su auge entre 1985 y 86. En relación con los motivos o demandas principales, podemos señalar, en su orden: tierras (predios rurales y urbanos) y demandas de vivienda

(23.9%); mejoramiento de las condiciones laborales (16%); violaciones a los acuerdos y pactos laborales (14%); mejores servicios públicos domiciliarios (11%); rechazo a la violación de derechos humanos (8%); demandas políticas (8%); educación y salud (5%).

55 Archila, Mauricio. Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas Sociales en Colombia 1958 – 1990. Bogotá: CINEP, 2005.

Para Archila, a partir de los años 80, podemos notar una transformación de estas motivaciones, desde lo meramente reivindicativo hasta aspectos de tinte más político, hablando de una politización de lo social y lo cultural. Se observa una tendencia a la ampliación del espectro de los motivos de las protestas con la incorporación creciente de dimensiones que trascienden lo material, aunque no lo excluyen. Así, al lado de las seculares reivindicaciones salariales, de estabilidad laboral, de acceso a la tierra y por mejores servicios públicos domiciliarios y sociales, se presentan otras, como la defensa de los Derechos Humanos, la búsqueda de la Paz, el debate sobre el modelo económico, sobre las políticas de Recursos naturales y de privatizaciones, y algunas peticiones que reclaman especificidades étnicas, generacionales y de género.

Según esta investigación, la indignación, producto de las desigualdades y de la falta de voluntad de los gobiernos para implementar una solución, es lo que agencia estas protestas, más que el hambre física o la pobreza; lo que produce la indignación es la percepción de una inequitativa distribución de los bienes, la riqueza y los servicios. Conceptualmente, ello significa que, en general, las luchas sociales son acciones racionales y no instintivas; toda protesta social está moral y culturalmente mediada, porque pone en juego las nociones de justicia e injusticia construidas colectivamente. El aporte “más novedoso” de los actores sociales, para Archila, en esta fase histórica, ocurrió en la dimensión cultural de la política, al romper la rígida separación entre lo privado y lo público, entre lo social y lo político, como también en la visibilización de las dimensiones étnicas, generacionales, ambientales y de género.

A la mayoría de los habitantes nos indigna la injusticia y los abusos de la autoridad, vengan de donde vengan. La categoría de “indignación justa” abarca varios tipos de movimientos, para comprender la acción colectiva de protesta en Colombia. En primer lugar, logra superar aquellas dicotomías entre lo material y lo cultural, para subrayar la dimensión cultural de las luchas sociales. En segundo lugar, obliga a introducir nociones morales en las luchas sociales, para evitar reducir la acción política a la simple racionalidad instrumental. En tercer lugar, le otorga a los sentimientos de injusticia e indignidad, un papel relevante en la acción social colectiva. Finalmente, implica el establecimiento de estrechas relaciones entre lo social y lo político.

Desde la perspectiva del movimiento de los trabajadores, Nicolás Buenaventura56, postula dos ciclos de auge de la lucha sindical. El primer ascenso tiene lugar de 1957 a 1964. Es el periodo que culmina en el campo sindical con la creación de la CSTC, y que se caracteriza por la formación de una tercera fuerza (MRL) contra la paridad y la alternación. El segundo incremento se inicia con la creación de la Unión Nacional de Oposición y tiene un momento culminante de unidad popular en el paro cívico del 14 de septiembre de 1977.

Entre uno y otro hay un profundo descenso del movimiento sindical y vecinal urbano, las curvas de huelgas y los paros cívicos llegan al punto más bajo y hay igualmente un gigantesco desmantelamiento y aniquilación física de los movimientos agrarios democráticos, por razón de una nueva guerra oficial desatada contra el campesinado, similar a las del periodo de la Violencia, como la llamada guerra de Marquetalia. El terrorismo de Estado se convierte en una práctica extensiva. Para Buenaventura, la coincidencia entre la represión campesina, el desmonte neoliberal de los derechos de los trabajadores y la dispersión organizativa, sitúan el cierre de esta fase histórica como un momento muy difícil del movimiento sindical, a nivel organizativo y político.

56 Buenaventura, Nicolás. 50 años del Partido Comunista de Colombia. Revista Documentos Políticos, Nº 142 de 1980.

Resumiendo los planteamientos anteriores, proponemos algunas conclusiones, criterios y tesis interpretativas para la comprensión del conflicto social armado.

Primero: existen tendencias políticas y culturales, en este tiempo histórico, que le otorgan una relativa unidad a la fase histórica comprendida entre 1957/8 y 1987/91, entre las cuales es importante subrayar los siguientes hechos: el pacto bipartidista del Frente Nacional será una marca indeleble en todos los momentos de esta etapa; se profundiza la crisis de legitimidad, la crisis de representación y la crisis institucional del Estado y del sistema político colombiano; podemos denominar al periodo como la “república permanente del estado de sitio”; las diversas manifestaciones del descontento y la protesta social se incrementan; los canales institucionales para enfrentar la protesta social están bloqueados; el terrorismo de Estado comienza su expansión en la vida social. El estado de sitio se utiliza para afianzar el control político de un grupo en desmedro de los rivales, ya sean los últimos concebidos como enemigos o adversarios.

Segundo: son relevantes, en este tiempo histórico, como causas acumulativas del conflicto social armado, a nivel político y cultural, tres dinámicas sociales: la degradación del Estado a un ámbito “privatizado” o “particularista”; la expansión del terrorismo de Estado; la extensión de ideologías contra-insurgentes y anticomunistas; la imposición de un proyecto de “modernización contra la modernidad”; y, un nuevo aplazamiento o supresión de las reformas sociales por vías de la dominación, violencia, estados de excepción y represión de las luchas sociales.

Tercero: los privilegios otorgados al bipartidismo por el pacto frentenacionalista han convertido al Estado en un mediador y representante de los intereses particulares y gremiales, produciendo una degradación de sus funciones de carácter general y profundizando la crisis de legitimidad, de representación e institucional del Estado. Crece la percepción en la población, de que sus auténticos intereses no pueden ser satisfechos por ese tipo de Estado particularista, como también los sectores populares, los proyectos políticos alternativos y las regiones, experimentan la total ausencia de su representación política y democrática.

Cuarto: la imposición de un precario y confuso proyecto de “modernización” ha tenido dos consecuencias devastadoras en el proyecto moderno colombiano: por un lado, ha limitado la modernización real de la sociedad y del Estado; por el otro, ha incentivado una “modernización” contra la modernidad filosófica, ética, política y cultural.

Quinto: se potencia la lucha social en los campos estatales y no-estatales, en este tiempo histórico, creándose condiciones de un incremento en las resistencias del campo social y popular, pero estas luchas no han podido generar las soluciones a la crisis estructural que dejó el periodo, por motivos también endógenos de la protesta social, como sus rasgos dispersos y la ausencia de unidad estratégica de esas luchas.

Sexto: los efectos principales en la población y en la sociedad en su conjunto de las causas estructurales de este periodo, son: a. Se expande la sensación y percepción que el pacto frentenacionalista es un privilegio para los representantes del bipartidismo, porque el Estado y la política les pertenecen sólo a los partidos tradicionales; b. Se profundiza la crisis de legitimidad, representación e institucional del Estado, como también la “normalización” del estado de sitio y la represión a la protesta social perpetúan el ciclo de las violencias; c. Se cierra la posibilidad de construcción de relatos, imaginarios o mitos fundacionales de un posible Estado-nacional colombiano; d. Se presentan profundas confusiones en todos los sectores sociales sobre la experiencia plena de la “modernización” y la “modernidad”, que limitan la configuración de una modernidad auténtica en las dimensiones filosófica, ética, política y cultural; e. Se configuran dos sociedades, dos países, dos mundos, con experiencias escindidas y abismales, que algunos investigadores denominan “país real” o “país formal” o “país político” y “país real”; f. Se presentan cierres profundos de la participación política y democrática.

Desestructuración estatal, neoliberalismo y paz intermitente (1992 – 2012/14)

 La crisis, prolongada y profundizada por el pacto frentenacionalista, es reconocida ante la crudeza de la situación generada en los años 80, una década particularmente cargada de paradojas y ambivalencias. El periodo entre 1992 y 2014 muestra la acumulación de muchos pendientes, promesas quebrantadas y agravios. El horizonte de expectativas creado por el inicio del Proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986), luego del periodo aciago y represivo del “Estatuto de seguridad” de Turbay Ayala (1978 – 1982), se ve acompañado de un conjunto de hechos trágicos en la realidad colombiana.

Entre los cuales es inevitable aludir a tres situaciones: el copamiento paramilitar de algunas zonas de nuestra geografía y la consolidación del terrorismo de Estado; el escalamiento y expansión del conflicto insurgente; el ascenso de la economía transnacional de las drogas ilícitas. A nivel cuantitativo los datos son contundentes, entre la posesión de Barco, en agosto de 1986, y mayo de 1990, habían estallado 19 carros bomba, 250 policías habían caído víctimas de sicarios, la guerrilla había volado 125 veces el oleoducto Caño Limón – Coveñas y miles de militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista habían caído asesinados.

En este periodo organizaciones paramilitares, con el apoyo de la fuerza pública, empezaron a dominar territorios en zonas como Puerto Boyacá y Puerto Wilches y establecieron una guerra abierta contra la población en regiones del Urabá, Barrancabermeja y Meta. El “desbarajuste social” (Palacios) que trajo la “guerra contra las drogas” y la naturaleza de los paramilitares, a partir de los 80, algún día deberán ser investigados con rigor y sinceridad, con todas sus complicidades y silencios oficiales.

La economía transnacional de las drogas se instaura en Colombia casi en la misma época en que el gobierno Nixon declaró la problemática “guerra universal contra las drogas” (1974), que para muchos investigadores ya ha probado su fracaso. En nuestro país esta economía transnacional nació intensificando los excedentes de violencia de esa otra “guerra” ajena a nosotros. Se ligaban tres guerras con su exponencialidad de odio y demencia: la guerra contra el terrorismo, la guerra contra las drogas y los vestigios de la “guerra fría”.

Simplemente, baste recordar que un alcalde de Nueva York, en su delirio militarista, propuso bombardear Medellín. Es necesario, también, subrayar que las ganancias de su industria criminal benefician preferencialmente a los traficantes norteamericanos e internacionales. Aquella afirmación de que nosotros ponemos los muertos y la destrucción de la naturaleza, y otros usufructúan las ganancias económicas, siempre fue cierta. Un Informe de Naciones Unidas (2008) concluye, que los miles de cultivadores de coca reciben tan sólo el 1.3% del valor de mercado, mientras los traficantes medianos dentro de los Estados Unidos reciben el 70% del valor de mercado.

Con relación a los paramilitares, Palacios, además de situar sus antecedentes en figuras como la “contra chusma” o los “pájaros” en la Violencia y recordar su legalización en 1965; elabora una valoración interesante: “Los paramilitares han sido los grupos más elusivos del conflicto armado colombiano. Nacen y pelechan en los intersticios del narcotráfico, el latifundismo, el clientelismo y las prácticas de la contrainsurgencia. Prima facie aparecen con el carácter reactivo de fuerzas supletorias del Estado ante la acción guerrillera; como dijera “Tirofijo” en su discurso de la “silla vacía”, son los hijos legítimos del Estado”57.

Para Pizarro58, el año 1979 marca el inicio de una fase de auge y reactivación del movimiento guerrillero, que se evidencia en el tránsito de las FARC de 9 a 18 frentes y en el hecho de que su Séptima Conferencia (1983) añada la sigla EP (Ejército del pueblo) a su denominación guerrillera; el M-19 concentra sus fuerzas en el activo Frente Sur; el EPL incrementa su actividad en el nordeste del país; el ELN se reconstruye e inicia una rápida expansión territorial; emergen nuevos proyectos guerrilleros como el Quintín Lame, el PRT y MIR Patria Libre.

Un comando del M-19 se toma el Palacio de Justicia en noviembre de 1985. A mediados de 1987, se rompe la tregua con las FARC y nace la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). La huella sangrienta de este cierre de la década del ochenta, está en el sacrificio de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Guillermo Cano, Héctor Abad, Luis Carlos Galán y miles de muertos más, entre 1987 y 1990.

Las duras condiciones exigían cambios institucionales y el reconocimiento de la crisis era ineludible. Como en el siglo XIX de nuestra historia política, era necesaria una nueva Constitución y existía un amplio consenso sobre su necesidad. Como lo recuerda Valencia Villa, todas nuestras constituciones hasta ahora son semejantes a “cartas de batalla”, porque cada una de las “constituciones del siglo XIX fue la consecuencia de una guerra y la causa de otra. Cada una de las reformas del siglo XX ha sido la consecuencia de un conflicto y la causa de otro. Pero, de las constituciones a sus reformas (o más bien a las reformas de la última carta) algo cambia: la lucha partidista se convierte en lucha de clases y las estrategias y tácticas del combate se adaptan a los tiempos”59. Como si se tratara de una escena de horror, o de otra “carta de batalla”, el mismo día que se votaba la Asamblea Constituyente, 9 de diciembre de 1990, el ejército bombardeaba Casa Verde, lugar emblemático del secretariado de la FARC-EP.

57 Palacios, Marco. Violencia pública en Colombia: 1958 – 2010. Op. Cit. p. 170.

58 Pizarro, Eduardo. “La insurgencia armada: raíces y perspectivas; en Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (comp.) Pasado y presente de la violencia en Colombia. Medellín: IEPRI y La Carreta, 2007.

La toma territorial de Casa Verde tiene una gran carga simbólica para los destinos de la paz, que en términos de la investigadora Julieta Lemaitre, son: “El bombardeo de Casa Verde quedó en la imaginación de muchos como el momento en que el gobierno de Gaviria renunció de veras a la paz, por lo menos con las FARC y el ELN. Y la Constitución del 91 como su anverso: la búsqueda de la paz no por la vía de la negociación o, incluso, de la guerra, sino por la vía de la legitimidad del Estado y la “modernización” (o liberalización) de las instituciones”60.

Luego de más de dos décadas de implementación de la Constitución del 91 y reconociendo lecturas tan divergentes sobre su valoración, varios aspectos son notorios. El primero, este camino constitucional pretende dar solución a las profundas crisis que ha dejado el periodo histórico anterior, pero la persistencia del conflicto social armado actualmente, es y debe ser una muestra de sus limitaciones y contradicciones. La estrategia histórica del “reformismo constitucional”, típico de nuestra cultura política, crea cierta demagogia de esperanza y cambio, pero luego la tozuda realidad las desvanece.

El segundo, su elaboración y promulgación se produce en un momento de tensiones entre modelos de sociedad diferenciados, que se expresan en una posible metáfora de dos monstruos somnolientos: por un lado, la visión neoliberal de la sociedad y el Estado; por el otro lado, las concepciones también liberales, del “Estado social y democrático de derecho”. La Constitución del 91 es un claroscuro (algunos investigadores la denominan “eclecticismo”) de estas tensiones, que por vías de las sub-siguientes contra-reformas ha fortalecido el monstruo neoliberal. La Constitución contiene, en sí misma, tensiones como la incompatibilidad entre derechos sociales y un orden de mercado, que luego va imponiendo el sometimiento de los derechos fundamentales a la “regla fiscal”; o entre una Junta autónoma del Banco de la República y las políticas públicas del Gobierno; la apertura a la participación privada en sectores económicos tradicionalmente conservados sólo para lo público. El peso del neoliberalismo en todos los ámbitos de la vida social es muy fuerte en este periodo.

59 Valencia Villa, Hernando. Cartas de Batalla. Una mirada crítica del constitucionalismo colombiano. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1987. p. 149

60 Lemaitre, Julieta. La Paz en cuestión. La guerra y la paz en la Asamblea Constituyente de 1991. Bogotá: Universidad de los Andes, 2011.p. 136.

Tercero, es una Constitución, que en el lenguaje de Valencia Villa, no logra desprenderse de ciertas constantes históricas estructurales del constitucionalismo colombiano, como: la soberanía, en últimas, reside en la Nación, el centralismo es completamente atávico, el presidencialismo persiste, el confesionalismo permanece con otros vestuarios, existe un cierto número de derechos y libertades con limitaciones, y los escasos mecanismos prácticos para su efectividad real la hacen inoperante.

Desestructuración estatal y neoliberalismo

 La polémica sobre la naturaleza del neoliberalismo y sus diversas versiones continúa actualmente. Compartimos algunas aproximaciones contemporáneas: las que subrayan su condición de proyecto global con gran fuerza ideológica, al afectar todas las dimensiones de la vida social (Anderson); las que apoyan la idea de que el neoliberalismo constituye una superestructura ideológica de una transformación histórica del capitalismo (Therborn); y algunas que sostienen que adquiere el “formato de dominación de clase” (Sader) o de “tecnología de gobierno” (Foucault).

Su instauración en múltiples países se remonta a la crisis capitalista de la década del setenta y se expande a nivel planetario al cierre del siglo XX. En América Latina, uno de los países piloto fue Chile. En Colombia, encontramos sus figuras en expansión en el gobierno de Barco (1986 – 1990), hasta que el “bienvenidos al futuro” de Gaviria (1990 – 1994), le otorga carta gubernamental de nacimiento. Para Estrada61, el inicio de este cuatrienio puede considerarse como el punto de inflexión en la tarea de construcción del orden neoliberal en nuestro país, porque se asiste a la formación sistemática, aunque no lineal, de un régimen jurídico-económico y de toda una política de Estado para construir ese orden neoliberal.

61 Estrada Álvarez, Jairo. “Orden neoliberal y reformas estructurales en la década del 90. Un balance desde la experiencia colombiana”, Revista Ciencia Política, UNAL, No. 1. pp. 141 – 178

En nuestro continente también se inician de forma temprana las resistencias al neoliberalismo y los gobiernos alternativos a ese modelo. Algunas revueltas populares son emblemáticas: en Venezuela el “caracazo” (1989) frenó el encarecimiento de la gasolina impulsado por el gobierno neoliberal de Carlos A. Pérez; el 1 de enero de 1994 nace, contra el recién firmado tratado de comercio (México-USA-Canadá), el Ejército indígena Zapatista; en Bolivia, la “guerra del agua” (2000) y la “guerra del gas” (2003) frenaron la privatización de esos recursos naturales; en Ecuador, los indígenas provocaron la caída del presidente Bucaram (1997); en Argentina, la rebelión popular condujo a la destitución del presidente neoliberal De La Rúa (2001). En términos de Gutiérrez Sanín62, se puede afirmar que, a mediados de la década de los 90, dos fantasmas, a falta de uno, recorrían a América Latina: el neoliberalismo y el anti-neoliberalismo. Para Claudio Kats, “todas las rebeliones sudamericanas han enarbolado reclamos coincidentes contra el neoliberalismo, el imperialismo y el autoritarismo”63.

Uno de los pilares fundamentales del neoliberalismo es la recomposición de las relaciones entre el Estado, el mercado, el sector privado, los trabajadores y los excluidos. En esta recomposición de relaciones, para el neoliberalismo, deben primar los siguientes criterios: más mercado y menos Estado; menor intervención estatal y más desregulación financiera y comercial; un Estado fuerte (“el liberal consistente no es anarquista”, Friedman), al servicio de la productividad y la clase dominante; función del mercado para la cohesión social y límites a los canales políticos; fomento a la trans-nacionalización y financiarización. Para su mayor divulgador, Milton Friedman64, las funciones del Estado neoliberal son: mantener el orden y la ley; definir los derechos de propiedad; hacer cumplir los contratos; fomentar la competencia; proveer un sistema monetario; garantizar la caridad privada para la protección de los irresponsables (sean locos o niños). Para Friedman, todas las demás intervenciones estatales son ilegítimas, por ejemplo, no se deben establecer salarios mínimos legales o precios máximos, no mantener programas de seguros sociales para la vejez, no se deben pagar primas en las empresas públicas, no es correcto subsidiar los parques nacionales, entre otras.

62 “Guerra y neoliberalismo en América Latina: los interrogantes”; en Gutiérrez, Francisco y Peñaranda, Ricardo. Mercado y armas. Conflicto armado y paz en el periodo neoliberal. Medellín: IEPRI y La Carreta, 2009.

63 Kats, Claudio. Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. La Habana: Ciencias Sociales, 2008. P 11.

64 Friedman, Milton. Capitalismo y Libertad. Madrid. Ediciones Rialp, 1976.

Con esta visión “minimalista” y autoritaria del Estado neoliberal (Ley, Orden y Propiedad), se puede comprender la estocada final al sentido público, cohesionador y general del Estado moderno. Las privatizaciones, la concentración de la riqueza, el incremento de la inversión extranjera, la flexibilización laboral, la deslaboralización, el predominio de la informalidad, la desigualdad, la pobreza, la corrupción, etc., son el corolario de esta total desestructuración del Estado. A partir de los noventa, a esas medidas se las denomina: “modernizar la economía y el Estado”.

La desestructuración neoliberal del Estado, en este periodo, se constituye en una causa acumulativa del conflicto colombiano. Aunque no exista una relación de causalidad directa entre neoliberalismo y conflicto armado interno, en las condiciones particulares e históricas de Colombia, sí se establece un vínculo de causa acumulativa. Pueden existir países en la región (especialmente Centroamérica) que han terminado sus conflictos internos en medio de la fase neoliberal, pero esto no niega tres situaciones: la primera, que el “neoliberalismo aumentó bruscamente el nivel de conflictividad en casi todos los países latinoamericanos”65; la segunda, que en las condiciones históricas peculiares de Colombia se ha complejizado y escalado el conflicto social armado. De entre estos rasgos particulares podemos resaltar la persistencia histórica de la violencia, en el campo de “lo político”; la tercera, que hay una urgencia por continuar las investigaciones sobre la particularidad de la “apropiación” colombiana del proyecto neoliberal.

En términos de los investigadores latinoamericanos Delia López y José Bell66, la “cosecha” que deja el “diluvio neoliberal” (Borón) se puede sintetizar en: una sociedad cada vez más desigual; una sociedad con cada vez más desempleo, subempleo y precariedad en el empleo; una sociedad en la que, cada vez, es mayor el número de pobres; una sociedad con deterioro de las condiciones de vida y con una movilidad social descendente; una sociedad en la que a los ciudadanos les son expropiados progresivamente sus derechos políticos y sociales por el mercado; una sociedad con cada vez mayores índices de violencia y criminalidad; una sociedad que no ofrece ningún futuro.

65 Gutiérrez, Francisco. Op. Cit., p. 13.

66 López, Delia y Bell, José. “La cosecha del neoliberalismo en América Latina”; en Bell, José y Bello, Richard (edit.) Neoliberalismo y lucha sociales en América Latina .Bogotá: Ediciones Antropos, 2007.

Las consecuencias políticas y culturales del neoliberalismo son ya visibles en cuatro campos. En primer lugar, a nivel estatal su desestructuración produce la pérdida de su legitimidad como mediador de las demandas sociales, mayor dependencia de las lógicas transnacionales, su conversión en propiedad al servicio de una élite político-económica, y su sometimiento, cada vez mayor, al mercado y a la mercantilización. Su visión de una “descentralización funcional” ha permitido poderes locales anómalos, y la tendencia al fraccionamiento del Estado.

En segundo lugar, en lo referente a construcción de Democracia, se presenta un adelgazamiento desde la noción propia de Democracia y de su práctica, hasta la denominada “Democracia gobernable”, que consiste en establecer cuatro criterios tecnocráticos, como determinantes de los “gobiernos democráticos”: el buen gobierno, la eficiencia institucional, la legitimidad procedimental y la estabilidad fiscal.

En tercer lugar, en el plano de lo político se presenta una contracción (García Linera), un debilitamiento (Flores) o crisis (Mires) o malestar (Lechner) con manifestaciones preocupantes, como fenómenos de desideologización, crisis de representación, desafección, desencanto participativo, mercantilización, entre otros.

En cuarto lugar, en el ámbito cultural, la pérdida del sentido de lo colectivo y lo público, el predominio de un “individualismo asocial absoluto” (Hobsbawm), fragmentación, consumismo, identidades autoritarias, destrucción de los mecanismos sociales y culturales para preservar la memoria, entre otras.

Paz Intermitente o “Edad de los extremos”

 Una tendencia arraigada en todo este periodo histórico es la “oscilación entre la guerra y la paz” (González) o “procesos de Paz cuatrienales” (Palacios). El exacerbado presidencialismo que acompaña nuestra historia constitucional, dispone que, el presidente de la República, exclusivamente, dirige los asuntos del orden público y tiene que dirigir directamente todas las negociaciones de paz. Esto le otorga a la realidad política colombiana tres atributos presidencialistas: el primero, la personalidad y visión individual del Presidente es determinante para el destino de la paz o la guerra; el segundo, al Presidente le está permitido el “síndrome adánico”, al poder empezar siempre de cero; el tercero, hasta ahora no ha existido una política de paz de carácter estatal, por tanto, no existe desde el Estado ninguna unidad de criterios en el tratamiento del conflicto armado interno.

Desde el gobierno de Turbay Ayala (1978 – 1982) hasta el actual de Santos (2010 – 2014), cerca de 36 años -toda una “edad de los extremos” (Hobsbawm)-, los colombianos y colombianas hemos tenido una especie de experiencias pendulares, pasando en días, a veces en minutos, de la máxima esperanza en la paz al recrudecimiento exponencial de la barbarie. Hemos vivido actos en nombre de la paz en lógicas de guerra. Los títulos que utiliza Fernán González para caracterizar los gobiernos de esta etapa, evocan esta pendularidad u oscilación: “Reforma constitucional y apertura económica” (Gaviria); “crisis de gobernabilidad y el giro estratégico de la guerra” (Samper); “intensificación de la guerra en medio de los diálogos de paz” (Pastrana); “recuperación militar del territorio y desinstitucionalización” (Uribe); “señales de optimismo” (Santos). Iniciamos con una especie de titulación neutra sobre la vida institucional (“reforma institucional”), pasamos al extremo de la guerra (“giro estratégico de la guerra”, “intensificación de la guerra”, “recuperación militar del territorio”) y culminamos haciendo peticiones a la esperanza (“señales de optimismo”).

En la periodización y análisis que realiza Palacios sobre los gobiernos de este periodo, formula tesis y observaciones que deben tenerse en cuenta, tanto para la interpretación istórica como para orientar nuevas experiencias de paz. Del periodo de Barco, destacamos: primero, la facilidad del proceso de paz con el M-19 creó, tanto una “opinión pública” que simplifica la complejidad de toda negociación como una especie de paradigma de “paz televisada”, cuando en el fondo se estaba ocultado la excepcionalidad del momento histórico y la debilidad militar en que se encontraba esa organización guerrillera. Segundo, ninguna de las siete organizaciones desmovilizadas en las últimas décadas ha podido, por motivos que hay que investigar, consolidar un proyecto político sostenible y han fracasado electoralmente.

Del periodo de Samper, resaltamos: primero, su gobierno realizó un cambio de retórica y de estilo, pasando de la “guerra integral” a la “paz integral” y restituyó hablar de las guerrillas como del adversario político; sin embargo, tuvo que concentrarse en luchar por su mera supervivencia por el proceso 8.000 y dejar la “paz en el limbo”. Segundo, la presencia cada vez más mediática de la sociedad civil y las ONG de Derechos Humanos se convirtieron más en una traba a los procesos de paz que un punto de apoyo. Del gobierno de Pastrana, comentamos: primero, el esquema de Paz de este gobierno tuvo menos restricciones domésticas e internacionales que la experiencia de Betancur: mandos castrenses precavidos, postura favorable de la jerarquía eclesiástica, actitud tranquila de los medios de comunicación, apoyo de empresarios internacionales. Lo único medianamente conflictivo, según Palacios, era la constante ambigüedad norteamericana frente a la superación del conflicto. Segundo, los cuatro años de Pastrana pueden resumirse en ilusiones y reveses permanentes, síntoma de la ambigüedad del Estado colombiano en relación con el doble reto de las organizaciones de narcotraficantes y las organizaciones guerrilleras.

Con relación al periodo Uribe, señalamos: primero, el extremismo de Uribe es simplemente una adaptación a la caja de resonancia de la “guerra global al terrorismo”, desatada a raíz de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. El gobierno Uribe utiliza la ola internacional contra el terrorismo para eliminar ideológicamente el delito político, desechar las tesis de las causas objetivas del conflicto e impedir acciones redistributivas para su solución. Con relación al Delito político, en contravía de la Corte Constitucional, llegó a afirmar que él, “personalmente, no consideraba” que pudiera hablarse de delito político, porque Colombia era una sociedad democrática. En su jerga autoritaria, la “seguridad democrática” justifica la eliminación violenta del “enemigo” o “adversario”, y el único valor democrático es la “seguridad y el orden”. Hasta la defensa de la “seguridad democrática” o la “autoridad democrática” (Uribe Vélez) justifica el odio y la enemistad.

Segundo, bajo el gobierno Uribe gran parte del país se acostumbró a simplificar el conflicto interno y lo redujo a guerra a muerte contra las FARC y contra el Caguán. Como político cínico y pragmático, Uribe ha explotado que la clave para lograr buenos resultados en las urnas reside en la forma propagandística como los candidatos presentan sus planes de paz o de guerra. El presidente Uribe ha sido muy hábil al crear “opinión pública” a costa de las FARC: ganaba diciendo que las tenía exterminadas y ganaba exagerando la amenaza que aún representaban.

Tercero, su gobierno arrancó de cero y así logró combatir a las guerrillas, adoptar a los paramilitares como sus interlocutores políticos, logrando la desmovilización de un contingente de ellos, pero no hubo un “proceso de paz” en sentido estricto, sino un mecanismo para relegitimar el Estado, asegurando un mayor control sobre las armas.

Los efectos de esta oscilante situación existencial o “edad de los extremos”, tendrán que investigarse y sus huellas posiblemente sean demasiado profundas, pero de una forma epidérmica, se pueden enumerar algunos efectos. El primero, señalado por Palacios, es la dificultad que tenemos para distinguir normalidad de anormalidad y la posibilidad de que esta antítesis, “normalidad-anormalidad”, sea simplemente una estrategia más de la guerra.

El segundo, se hace necesario reconocer que, además de la correlación de fuerzas nacionales, internacionales y militares, que condicionan las tendencias al fin o la perpetuación del conflicto en Colombia, gran parte de la disputa actual se realiza mediante la propaganda, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y por los fabricantes de la llamada “opinión pública”. Para Hobsbawm67, la desgraciada herencia de las guerras mundiales del siglo XX remite a dos hechos: el primero, dejó de ser clara la frontera entre la guerra y la paz, y el segundo, la necesidad de una cada vez más poderosa maquinaria de propaganda de masas paralela a la guerra. Las “guerras contra las drogas” y la “guerra preventiva contra el terrorismo”, aprendieron y fomentaron esa inmensa maquinaria de propaganda de masas.

El tercero es la absoluta dependencia de la acción política actual a esas maquinarias propagandísticas, hasta tal punto que los “profesionales” y tecnócratas de la política se han convertido en publicistas, demagogos y pragmáticos cínicos. Han perdido sus principios, su moralidad y su sentido del bien común. Antes que reflexionar y otorgar impronta moral a sus acciones, se dedican a justificar lo injustificable, cultivan el personalismo, adoran el elitismo y deciden según los vaivenes del ciclo electoral. La discursividad sobre la guerra y la paz, en este periodo está cargada de estas oscilaciones, hasta tal punto que existe una especie de emborronamiento conceptual que impide caracterizar nítidamente las diferencias entre “guerra civil”, “amenaza terrorista”, “violencia generalizada” y “conflicto armado interno”. Parece como si la máquina propagandística dominara sobre la reflexión académica y política.

67 Hobsbawm, Eric. Guerra y Paz en siglo XXI. Barcelona: Crítica, 2007.

Resumiendo, proponemos algunas conclusiones, criterios y tesis interpretativas para la comprensión del conflicto social armado en esta tercera etapa:

Primero: en este tiempo histórico existen tendencias políticas y culturales que le adjudican una relativa unidad, entre las cuales podemos señalar los siguientes hechos: el intento de constitucionalización de la crisis profunda que experimenta la sociedad, y que se plasma en la Constitución de 1991; el horizonte de expectativas que se abre con estos cambios institucionales y la persistencia del conflicto social armado, que produce incertidumbre, desesperanza y perplejidad; la presencia permanente, durante el periodo, de los dilemas de la paz y la guerra; el agravamiento de otras guerras, contra la economía transnacional de las drogas, el paramilitarismo y la delincuencia; el ingreso con fuerza del proyecto neoliberal en los más diversos ámbitos de la vida social; los pliegues, luchas y resistencias a dicho proyecto.

Segundo: son relevantes, en este tiempo histórico, como causas acumulativas del conflicto interno, tres dinámicas sociales: la desestructuración progresiva y continuada de la dimensión estatal; el incremento de la conflictividad y la violencia desencadenadas por el modelo neoliberal; la ausencia de una política estatal de paz, la dependencia de la máquina propagandística y los vaivenes gubernamentales han contribuido a agravar el conflicto

Tercero: los principios, criterios y prácticas de la restructuración neoliberal del Estado conllevan una desestructuración de su naturaleza, sentidos y finalidades últimas. Su concepción “minimalista” y autoritaria del Estado neoliberal (ley, orden y propiedad), destruye el sentido público, cohesionador y general del Estado moderno. Esta desestructuración produce la pérdida de su legitimidad como mediador de las demandas sociales, mayor dependencia de las lógicas transnacionales, su conversión en propiedad al servicio de una elite político-económica, y su sometimiento cada vez mayor al mercado, las privatizaciones y la mercantilización.

Cuarto: el neoliberalismo ha promovido el debilitamiento de la democracia económica, social y política, una crisis estructural de la política y efectos negativos en la vida cultural de las comunidades y la sociedad en su conjunto.

Se ha consolidado una cultura política contra-insurgente, el afianzamiento de los discursos amigos-enemigos y la inflación del miedo y la seguridad, como factores culturales y discursivos que potencian y prolongan el conflicto armado interno.

Quinto: la tendencia, arraigada en todo este periodo histórico, hacia la oscilación entre la guerra y la paz, y los procesos de paz exclusivamente cuatrienales (“edad de los extremos”), acompañados del exacerbado presidencialismo del sistema político colombiano, han sido perjudiciales para la superación de conflicto interno armado y la creación de las condiciones de una paz estable y duradera.

Sexto: los efectos e impactos principales en la población y en la sociedad en su conjunto de las causas acumulativas de este periodo, son: a. Se profundiza y perpetúa la crisis de legitimidad, de representación e institucional del Estado, que muestra las limitaciones y contradicciones de la solución constitucional del 91; b. Se incrementa la conflictividad social, se hacen visibles las dificultades para su resolución institucional y persiste el conflicto armado interno; c. Se palpan de forma cotidiana los efectos perversos del proyecto neoliberal y se producen al mismo tiempo resistencias, luchas y protestas sociales contra este modelo; d. Se incrementa la criminalización de la protesta social, la judicialización de los luchadores populares y el terrorismo de Estado; e. Se constatan las consecuencia negativas de la “descentralización” neoliberal en las regiones y en el mundo local; f. Se expanden los efectos neoliberales del debilitamiento de la democracia, la crisis estructural de la política y la devastación de la vida cultural en muchas regiones y comunidades; f. Se convierte en necesaria la conceptualización68, la investigación y prácticas para la superación y conversión del conflicto armado en un conflicto político; g. Los impactos en el campo de la moralidad han sido la profunda desconfianza en las acciones morales, el predominio del pragmatismo, el inmediatismo y la pérdida del sentido de lo público y el bien común; h. Los daños culturales en los sentidos de pertenencia, reconstrucción de identidades, sentido de lo regional/nacional y memoria intergeneracional son preocupantes; i. El incremento cuantitativo de los procesos de victimización colectiva e individual, obligan a estudiar el sentido transformador de la experiencia de las víctimas y evitar procesos de re-victimización hacia una nueva generación de políticas públicas sobre visibilidad y centralidad de las víctimas; j. Se ingresa en una etapa de múltiples ambivalencias, incertidumbres y esperanzas, frente a la terminación el conflicto interno, pero la dependencia excesiva de la paz de los gobiernos cuatrienales, puede destruir esa utopía.

68 De Zubiría Samper, Sergio “Del Conflicto armado al conflicto político en Benjamin y Freud”; en Revista Colombiana de Bioética, Vol. 9, No. 2, 2014.

Tal vez, la metáfora que de forma más brillante expresa nuestra situación actual, es nuevamente el recordaris de Bloch: “Cuando se acerca la salvación, crece el peligro”.

 

 

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