Jurisdicción especial para la paz para las fuerzas militares y civiles financiadores del paramilitarismo. Premio del gobierno a las acciones ilegales de la oligarquía y a sus perros guardianes.

Colaboración de Juan Carlos Chaparro.

Luego de la firma del acuerdo de justicia transicional entre el gobierno nacional y las FARC- EP, el gobierno colombiano anunció la ampliación de la justicia transicional concertada con la subversión a otros actores armados. Esta justicia aplicada a las fuerzas represivas del estado, se fundamenta en un supuesto principio de legitimidad de su accionar y contempla aún más prebendas para estos y para los financiadores de grupos de la extrema derecha –paramilitares-.

El paramilitarismo, los crímenes y las acciones de sevicia cometidas por agentes estatales expresadas como infracciones al derecho internacional humanitario y en contra de las disposiciones de mecanismos internacionales de derechos humanos (como la carta de San José) han sido tácticas de guerra contrainsurgente muy bien aprendidas de las fuerzas militares norteamericanas – por ejemplo en la Escuela de las Américas- y adaptadas con gran eficacia para los intereses de las élites oligárquicas de nuestro país y en muchos casos puestas al servicio de las multinacionales.

Según la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos los Estados son los principales responsables por los derechos humanos de la población, cualquier violación de los derechos humanos de las personas denota una ineficacia o inutilidad Estatal, ya que por acción o por omisión debe responder, sin embargo en Colombia, como ha sido demostrado en gran cantidad de informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos[1], el Estado por medio de sus fuerzas represivas ha sido perpetrador directo de  graves violaciones a los derechos humanos incluido el derecho a la vida e incluso ha entorpecido investigaciones contra sus propios agentes para mantener la impunidad.

Los paramilitares de la mano y con información de inteligencia de la fuerza pública habían cometido, hasta el 2012, 1166 masacres, según el informe Basta ya, Memorias de guerra y dignidad, cuadruplicando el número de masacres adjudicadas a la subversión, de la misma forma el accionar de las fuerzas que ahora presentan como héroes o como legítimas ha dejado por lo menos 4000 civiles asesinados presentados como guerrilleros muertos en combate, innumerables montajes judiciales, así como asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas, no sólo el ejército ha cometido estas fechorías, la siembra del terror ha sido una estrategia estatal; la fuerza aérea, el ejército, la policía, la sijin, la dijin, el b2, el DAS, la armada y cuanta fuerza represiva tengan a la mano ha hecho mella en el tejido social y en las organizaciones populares, por otro lado, un eficaz aparato de propaganda oculta y justifica acciones de toda índole con el único fin de mantener una oligarquía inescrupulosa y asesina en el poder.

Estas acciones de grupos paramilitares y de la fuerza pública en los medios de comunicación y los generadores de opinión pretenden justificarse en las acciones de la subversión, sin embargo, es claro que el paramilitarismo en Colombia ha sido una estrategia contrainsurgente que toma como insurgencia incluso a la población civil que defiende sus derechos y territorios y a líderes natos de campo y ciudad. La expansión paramilitar posibilitó de hecho, la expansión petrolera en importantes regiones del país, así como la expropiación de tierras y la llegada y perpetuación de élites mafiosas y oligárquicas a poderes regionales y nacionales, además, es un importante eslabón en la cadena de tráfico de estupefacientes y fuente de inteligencia y control militar en barrios empobrecidos.

En la supuesta desmovilización de los paramilitares en el gobierno de su benefactor e impulso Uribe Vélez, el paramilitarismo siguió operando con sus mandos intermedios y negocios ilícitos intactos, ahora a 10 años de este acuerdo de impunidad, los mandos altos del paramilitarismo han salido de las cárceles para manejar personalmente sus negocios. Algunas denuncias y presiones populares han obligado al gobierno a reconocer su participación en crímenes y han hecho capturar y condenar a mandos altos militares y políticos así como a abrir investigaciones contra empresarios por vínculos con paramilitares.

Estas presiones y la imposibilidad de derrotar a la subversión en el campo militar -aún echando mano de estrategias de sevicia y de exterminio- han llevado a la oligarquía colombiana a cambiar de táctica. Táctica que se expresa en la nueva ola de represión vivida por los movimientos populares que ha sido complementada con una propuesta des-movilizadora para las insurgencias, una fuerte arremetida ideológica a favor de las fuerzas represoras del régimen y la impunidad legal total expresada en el nuevo fuero penal militar, el nuevo código de policía y la jurisdicción especial para la paz.

Los blancos legítimos[2] (disparar a personas que se consideren peligrosas) y la posibilidad de entrar a los domicilios de las personas sin orden judicial[3] hacen parte del paquete represivo planeado por las clases dominantes para el tiempo que ellos han llamado de posconflicto, es decir, con estas medidas refuerzan y aumentan sus posibilidades de represión contra el pueblo, mientras que para acallar las voces levantadas contra vejámenes anteriores, se han aprovechado de la intensión de las FARC-EP de entrar en la contienda democrática liberal burguesa y buscan legalizar la impunidad por medio de la jurisdicción especial de paz.

Entre las disposiciones propuestas por el gobierno para ocultar asesinatos, masacres y despojos por encargo se ha planteado que por los crímenes cometidos por las fuerzas militares sólo respondan los perpetradores materiales y no se afecte la cadena de mando, es decir, que el soldado raso que fue presionado económica o físicamente a cometer asesinatos sea el único responsable mientras que los coroneles, generales y oligarcas que ordenaron y propiciaron los crímenes no serían tocados y mucho menos imputados, así paga el diablo a quien bien le sirve, mientras los hijos del pueblo que combaten del lado equivocado se pudren en las mazmorras del régimen, quienes los instrumentalizaron se ríen de sus desgracian y empobrecen más a sus familias.

Esta jurisdicción especial puede beneficiar 24400[4] casos actuales contra miembros de las fuerzas represivas y a más de 12900 procesados en este momento, incluye además crímenes que no son propios de la confrontación armada como los crímenes de Estado cometidos a sueldo llamadas Falsos Positivos, las masacres y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

El descaro de la oligarquía no termina ahí y la jurisdicción especial se podría ampliar a civiles implicados en la conformación y financiamiento de grupos paramilitares, es decir, a las oligarquías regionales y nacional que armaron, organizaron financiaron e utilizaron paramilitares y fuerzas militares para mantener sus tasas de ganancia, ampliar sus territorios e influencias para controlar regiones e incluso el senado, casos tan emblemático del matrimonio entre paramilitares-políticos-mafia como el de Santiago Uribe hermano del paraco mayor podrían ser aceptados por esta justicia.

Bajo este panorama y con la miseria que se profundizará en las condiciones económicas actuales y venideras en el corto plazo será un descalabro entregar lustros de resistencia política y territorial por promesas de aperturas democráticas, las contradicciones irán aumentando y la legitimidad del régimen entrará en declive, incluso económicamente (¿que país puede mantener unas fuerzas armadas de 500.000 miembros por varias generaciones sin entrar en un pasivo pensional tan grande que lo quiebre?), lo que obligará a apretar en las calles y en otras expresiones de los movimientos populares y de la clase popular colombiana. Sin embargo esta elevación de los niveles de confrontación necesita de organizaciones políticas fuertemente apertrechadas que impidan la cooptación de la fuerza revolucionaria popular por los sectores retardatarios.

Es necesario prepararnos para la confrontación si queremos una paz para las mayorías, para las clases populares, con castigo efectivo a quienes por medio de la violencia sistémica y directa han golpeado al pueblo colombiano, pueblo que sigue y seguirá batallando.

[1] Ver informes: Basta Ya, memorias de lucha y dignidad.  Noche y Niebla.   Colombia, Nunca más entre otros.

[2] Contenido en la reforma al fuero penal militar.

[3] Contenida en el nuevo código de policía.

[4] Cifras dadas por los medios de la oligarquía

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